El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado definitivamente en el pleno de este viernes el nuevo reglamento de participación ciudadana después de que el anterior fuera anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en octubre de 2019.

El texto se ha aprobado con los votos a favor del Gobierno municipal (BComú y PSC), ERC y Junts, y la abstención de Cs, PP, Valents y la concejal no adscrita, Marilén Barceló.

El nuevo reglamento cuenta con "cambios forzados por la sentencia" -según detalló el concejal de Derechos de Ciudadanía, Marc Serra, en rueda de prensa- ya que, no solo declara la nulidad del reglamento, sino que considera que el Ayuntamiento no tiene autonomía a través de la Carta Municipal como para poder regular los términos en los que se deben realizar las consultas.

Así, la normativa se ha adaptado a la ley de consultas 4/2010 del Parlament de Catalunya, a través de la cual se ha calculado el número de firmas necesarias para iniciativas ciudadanas en el caso de Barcelona y que ha supuesto el aumento de hasta 88.709 firmas, frente a las 15.000 que se necesitaban en el antiguo reglamento.

Debate

En el debate durante la sesión plenaria, Serra ha destacado que el texto actual incorpora los presupuestos participativos, las asambleas deliberativas por sorteo y la participación telemática, y ha lamentado que el antiguo fuera impugnado "por aquellos que quieren evitar que la ciudadanía pueda participar en las consultas".

La concejal de ERC Marina Gassol ha defendido que la participación ciudadana "merece estar regulada en condiciones" y el portavoz de Junts en el consistorio, Jordi Martí, ha asegurado que su formación está comprometida con las consultas.

Por su parte, Paco Sierra (Cs) ha lamentado que el Gobierno municipal no ha incorporado todas las alegaciones que presentó la formación naranja, Josep Bou (PP) ha pedido no usar la participación "como una excusa o para la inacción", y Óscar Benítez (Valents) ve en el nuevo reglamento una campaña política de los comuns.

Cambios incorporados

Uno de los cambios destacados que contempla el nuevo texto es que, más allá de las iniciativas ciudadanas, el Ayuntamiento podrá convocar consultas si consigue el apoyo de dos tercios del pleno.

Además, según concretó Serra, "se ha afinado el redactado" para definir los requisitos vigentes, entre los que se encuentra la autorización previa del Consejo de Ministros.

También cambia la edad mínima de las personas que pueden participar, que podrá ser por debajo de los 16 si está justificado (hasta ahora se fijaba en 16 años), y se amplía el plazo para recoger firmas de dos a tres meses prorrogables hasta a un mes más por causas justificadas.

Por otro lado, consiguiendo el 50% del número total de firmas se tendrá derecho a la subvención correspondiente, y si la iniciativa ciudadana quiere proponer la aprobación de una disposición de carácter general serán necesarias 15.000 firmas.

No se podrán formular consultas sobre materias sobre las cuales se esté ejecutando o tramitando algún tipo de contrato suscrito por el Ayuntamiento en el caso que se pueda producir prejuicios "de difícil o imposible reparación", y cuando la consulta ciudadana provenga de una iniciativa ciudadana requiere de mayoría absoluta en el pleno.