El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha anulado el Reglamento de Participación Ciudadana de Barcelona, la normativa que se aprobó el 6 de octubre de 2017 para llevar a cabo para realizar 'multiconsultas', según el fallo.

El fallo de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, presidida por el magistrado Javier Aguayo y con Francisco José Sospedra, Jordi Palomer y Javier Bonet en ella, la ha anulado porque "no respeta el régimen legal básico establecido" y obliga al Ayuntamiento a pagar las costas.

La propuesta del Gobierno municipal preveía celebrar una 'multiconsulta' cada mayo -excepto en año electoral- para preguntar a la ciudadanía sobre asuntos propuestos por el propio ejecutivo, los grupos municipales y los ciudadanos, que podrán proponer temas si recogen las firmas suficientes y lo aprueba el pleno.

El concejal de Derechos de Ciudadanía y Participación del Ayuntamiento de Barcelona, Marc Serra, ha anunciado que presentarán un recurso de casación contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que ha anulado el Reglamento de Participación Ciudadana.

En un mensaje en Twiter, Serra ha explicado que aún no se les ha notificado la sentencia, y ha asegurado que, con el recurso de casación, el reglamento continuará vigente: "Defenderemos su legalidad hasta el final", ha asegurado.

"Es un ataque indiscriminado a la soberanía local y un intento de laminar los avances de Barcelona en democracia directa", ha lamentado el concejal de BComú, que ha insistido en que las iniciativas y consultas ciudadanas son una conquista democrática irrenunciable, según él.

Asimismo, ha subrayado que el Ayuntamiento defenderá la normativa: "No nos quedaremos de brazos cruzados ante aquellos que quieren impedir que la ciudadanía que nunca había tenido voz pueda decidir sobre aquello que le afecta", ha expresado Serra. 

El fallo recuerda que los ayuntamientos pueden celebrar consultas como las que prevé el reglamento siempre que se sometan a la normativa estatal, por lo que el alcalde necesita la mayoría absoluta del pleno y la autorización del Gobierno central, algo que "no respeta" la norma municipal.

El TSJC ha estimado el recurso interpuesto por Abogados Catalanes por la Constitución y desestima las alegaciones presentadas tanto por el Ayuntamiento como por la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática y la Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de Barcelona.