Se agota el plazo para dar una repuesta a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, TSJC, que obliga a impartir un 25% de las clases en castellano en las escuelas catalanas, y los diferentes grupos parlamentarios favorables a la inmersión lingüística siguen, por un lado, negociando, y por otro, realizando declaraciones públicas sobre sus posicionamientos.

Ayer, el PSC afirmó que sigue condicionando su postura a que el castellano sea «lengua de aprendizaje» y sigue apostando por la reforma de la Ley de Política Lingüística. Sin embargo, la viceprimera secretaria del PSC, Lluïsa Moret, admitió que se contemplan otras opciones. No obstante, Moret ha condicionado un eventual nuevo acuerdo sobre el catalán en la escuela a que incluya la consideración del castellano «como lengua de aprendizaje, y por tanto, vehicular».

Nueva Ley específica

Por su parte, JuntsXCat apuestan por crear una nueva ley específica y dejar intacta la de Política Lingüística. El portavoz de Junts, Josep Rius, aseguró ayer que trabajan en un decreto ley y en una nueva ley en respuesta a la sentencia del 25% de castellano en las aulas. Al contrario que el PSC, siguen rechazando la modificación de la ley de Política Lingüística, algo que en un principio habían consensuado, pero que al final rechazaron. Igualmente, siguen manteniendo su negativa a la introducción de cuotas.

A pesar de estas posturas abiertamente enfrentadas, el portavoz de Junts espera que el acuerdo político se concrete en breve. Josep Rius, ha defendido que la propuesta en la que trabajan mantiene el catalán como lengua vehicular en la enseñanza y «no aporta más presencia del castellano de la ya prevista en el ordenamiento jurídico vigente», y que el responsable de aprobar el proyecto lingüístico de cada centro sea el departamento de Educación.

Acuerdo inminente

Paralelamente, y también es este sentido, la secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, afirmó que están «muy cerca» de llegar a un acuerdo con el PSC, Junts y los ‘comuns’ para aprobar una nueva ley para defender el catalán ante la sentencia del 25% de castellano, así como para validar el decreto ley que prevé aprobar el Govern.

Marta Vilalta afirmó ayer que «somos optimistas». Igualmente, destacó el trabajo que han hecho estas formaciones en las últimas horas y días, aunque no quiso desvelar el contenido de este pacto.

A pesar de las diferentes declaraciones aparentemente contradictorias de algunas formaciones políticas implicadas en las negociaciones, Vilalta celebró lograr «reconstruir el consenso» entre PSC, ERC, Junts y ‘comuns’.

En su comparecencia de ayer ante los medios, Marta Vilalta afirmó que este consenso lo tienen prácticamente cerrado, pese a que «hace unos días parecía que era imposible», y ha dicho que ahora hace falta acabar de concretar la letra pequeña.

La portavoz republicana incluso fue más allá en el alcance del consenso y explicó que mantienen conversaciones con la CUP y entidades sociales para lograr el consenso «más amplio posible».

Vilalta aseguró que la CUP se han mostrado predispuestos «para hablar, revisar y ver la letra pequeña». Así, la portavoz de ERC declaró que espera que la negociación se pueda acabar de cerrar pronto para registrar la ley en la Cámara y se pueda tramitar por lectura única y de urgencia.

Modelo trilingüe

En el lado opuesto, también quiso poner de manifiesto su postura Ciutadans. El portavoz de C’s en el Parlament, Nacho Martín Blanco, acusó al PSC de «traicionar» al votante constitucionalista al buscar «subterfugios» con independentistas y comunes.

Martín Blanco calificó de «vergonzante» la actitud de los socialistas catalanes y les reclamó que se sumen a su propuesta para una «escuela trilingüe». Ciutadans insiste en una reforma de la ley que fije un 25% de las clases en catalán, un 25% en castellano, un 25% en inglés y otro 25% en manos de los centros.