El abogado del hermano de Puig denuncia a su llegada al juzgado el "daño" que la causa está haciendo a su familia

Francis Puig, en el centro de la imagen, a su llegada a la Ciudad de la Justicia de València.
Francis Puig, en el centro de la imagen, a su llegada a la Ciudad de la Justicia de València.
Manuel Bruque / EFE
Francis Puig, en el centro de la imagen, a su llegada a la Ciudad de la Justicia de València.

Francis Puig, empresario castellonense y hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha llegado este lunes por la mañana a la Ciudad de la Justicia de València para declarar como imputado en una causa que investiga un posible fraude en subvenciones públicas de la propia administración autonómica, la mayoría relacionadas con el fomento del valenciano, y de Aragón y Cataluña. En una breve declaración antes de acceder al juzgado, su abogado, Javier Falomir, ha afirmado que están están "contentos de poder venir a declarar", sobre todo para "aclarar las dudas y los errores, que son numerosos, del informe de la UCO y, tratar con ello, de cerrar cuanto antes el desafortunado procedimiento que tanto daño está haciendo a mi cliente y a su familia".

De este modo, el letrado ha verbalizado por primera vez el impacto que está teniendo este procedimiento judicial en el entorno familiar de su cliente. Por su parte, Francis Puig, preguntado por si hará declaraciones a los numerosos medios que le esperan a la salida de su declaración, únicamente ha replicado en valenciano: "Veremos, veremos".

El empresario comparece en el marco de una investigación sobre justificación de distintas subvenciones concedidas por los gobiernos valenciano, catalán y aragonés entre 2015 y 2018 a un grupo de empresas y que en total podrían sumar hasta 2 millones de euros.

En esta causa, abierta en el juzgado de Instrucción número 4 de València a raíz de una denuncia del PP, se investiga un posible fraude a la hora de justificar las subvenciones recibidas, entre ellas las de fomento del valenciano, del catalán, del empleo o de desarrollo rural, por el hermano del jefe del Consell, empresario del sector audiovisual radicado en las comarcas del norte de Castellón, a través de varias empresas y productoras por él participadas.

Según el Equipo de Delitos Económicos de la Guardia Civil, hasta cuatro tipos de irregularidades, que son las que ha detectado en la justificación de gastos de las ayudas. Estas van desde la existencia de facturas cruzadas que han podido ser utilizadas para obtener subvenciones en mayor cuantía de la que correspondería a otras de las que se cuestiona si pueden ser consideradas como gasto subvencionable o está suficientemente justificado. La Benemérita también apunta a la posible elaboración de facturas duplicadas.

Ximo Puig: Avalaremos lo que diga la justicia

El presidente valenciano, Ximo Puig, ha afirmado este lunes sobre la declaración judicial de su hermano Francis como investigado por un supuesto fraude de subvenciones públicas que en el Gobierno valenciano avalarán siempre "lo que diga la justicia", y ha reiterado que la Generalitat "no está concernida" en esta cuestión.

Puig ha señalado a los medios de comunicación que el Partido Popular, cuya denuncia ha dado lugar a esta causa judicial, "intentó involucrar" a la Generalitat pero la justicia "le dio portazo al PP", y ha considerado que "cada uno tiene su manera de actuar en política".

El president ha asegurado que, si en un momento determinado "se observa alguna irregularidad, desde luego la Generalitat también pedirá compensaciones o lo que corresponda", pues según ha defendido el Consell ha demostrado desde 2015 que está aquí "para mejorar la reputación" de la Comunitat Valenciana.

"Lo hemos venido haciendo y lo vamos a hacer siempre, esté quien esté afectado", ha afirmado Puig, quien ha señalado que la empresa en la que trabaja su hermano "deberá dar las explicaciones que tiene que dar, trabaje en esa empresa quien trabaje", igual que el conjunto de las empresas valencianas.

Según ha destacado, cualquier empresa de la Comunitat Valenciana "tiene que tener los mismos deberes y los mismos derechos", y ha insistido en que desde el primer momento ha quedado claro que la Generalitat no está "concernida" en este asunto.

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