La Fiscalía Anticorrupción ha pedido el sobreseimiento provisional y parcial de la investigación a la alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, en la causa del Consell Esportiu por presuntos desvíos de subvenciones. El informe del fiscal indica al Juzgado de Instrucción número 2 de L'Hospitalet de Llobregat que con lo investigado hasta ahora "no hay un solo dato que permita deducir" que Marín actuó de manera ilegal.

En concreto, el fiscal descarta que Marín omitiera trámites en expedientes de subvenciones, recalcando que no tiene competencia sobre ellas, ni que adoptara ninguna resolución en estas gestiones.

Recuerda que en la denuncia que originó la causa "en momento alguno se hace referencia" a la posible participación de Marín, y que fue con la investigación ya más avanzada que se le atribuyó un presunto delito de omisión del deber de perseguir delitos, por supuestamente no haber actuado cuando la alertaron de un presunto caso de corrupción en el Consell.

Sin embargo, a raíz del análisis del teléfono de Marín, el fiscal señala que las conversaciones que mantuvo demuestran que después de que la avisaran de posibles anomalías en las subvenciones del Consell organizó reuniones, pidió explicaciones a los denunciados y encargó una auditoría para esclarecerlo.

Por eso, el fiscal concluye que "la actitud, comportamiento y decisiones adoptadas por la investigada no pueden tener encaje en la idea de una dejación de funciones patente, manifiesta y total", como debería darse para atribuirle un delito. 

Cumplió con su obligación

El fiscal señala, al contrario, que Marín actuó "cumpliendo con la obligación de controlar el buen fin de las subvenciones concedidas" y no ve indicios para sostener que no cumpliera con su obligación de perseguir un delito.

Lo argumenta afirmando que Marín "actuó sin ningún ánimo de ocultación de los hechos que se pusieron en su conocimiento y, en consecuencia, sin hacer dejación de sus funciones que supusieran obstáculo alguno para su investigación".

El fiscal recuerda que el informe de la Policía en esta causa ve indicios de presunta prevaricación y malversación pero "alegando como único motivo el hecho de que su condición de alcaldesa le convierte, en consecuencia, en la máxima responsable de las decisiones que se adoptan en el Ayuntamiento".

El fiscal considera "excesivo" usar este argumento y critica que esto supondría convertir a cualquier alcalde en blanco de las denuncias o querellas contra cualquier funcionario local a falta de indicios que permitan deducir lo contrario.