La situación de los niños y jóvenes migrantes sin referentes familiares en España es siempre delicada, pero puede llegar a ser dramática cuando, al cumplir los 18 años, dejan de estar tutelados por la Administración. Ante esta realidad, la Sindicatura de Greuges de Barcelona ha elaborado un informe para analizar la situación de estos jóvenes en la ciudad y elaborar propuestas para mejorar la atención a este colectivo vulnerable.

El informe señala que, desde 2015, unos 9.000 niños y jóvenes migrantes sin referentes familiares han llegado a Cataluña, donde han sido atendidos y tutelados por la administración autonómica hasta que, al cumplir la mayoría de edad, esta tutela finaliza. La Sindicatura centra, así, su informe en los jóvenes de entre 18 y 23 años, "que se enfrentan solos a una edad adulta registral, pero no siempre real".

Hasta hasta hace poco, además, cuando estos jóvenes alcanzaban la mayoría de edad, dejaban también de contar con los papeles en regla. En consecuencia, finalizada la tutela, tampoco tenían la posibilidad de buscar un trabajo para cubrir sus necesidades o un lugar en el que vivir.

Para evitar esta situación, el pasado octubre se aprobó una reforma de la Ley de Extranjería para que estos jóvenes dejasen de caer en la "irregularidad sobrevenida" al cumplir los 18 años y pudieran acceder al mercado laboral. Además, la reforma facilita también que los jóvenes de 18 a 23 años que se han visto en esta situación puedan obtener la documentación.

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Sobre esta reforma, el Síndic de Barcelona, David Bondia, ha asegurado este miércoles que han "observado mejoras" en cuanto a la regularización administrativa de estos jóvenes, sobre los que ha subrayado la importancia de no estigmatizarlos con terminología que ha servido para este propósito, como es el caso de la palabra 'mena', y ha señalado que la extrema derecha "manipula mucho el discurso".

"Desde el momento en el que están en nuestra casa, son nuestros jóvenes"

En este sentido, Bondia ha remarcado que la atención a los jóvenes migrantes sin referentes familiares es una cuestión "de derechos humanos": "No tienen estos derechos por ser menores o migrantes, los tienen por ser personas y, además, tienen una protección especial por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran". "Desde el momento en el que están en nuestra casa, son nuestros jóvenes", ha insistido.

Un 30,9% de los atendidos en 2020 no tenían hogar

Sin embargo, la difícil situación a la que se han enfrentado y se siguen enfrentando ha llevado a que, en Barcelona, un 30,9% de los 500 jóvenes migrantes sin referentes familiares atendidos por el Ayuntamiento en 2020 se encontrase en situación de 'sinhogarismo', de los cuales el 14,2% estaban vinculados al servicio de atención a personas sin hogar y un 10,2% vivían en alojamientos considerados inseguros o inadecuados.

Los datos son de 2020 porque, ha señalado Bondia, "es muy difícil tener datos exactos. Podemos contabilizar a los que han sido tutelados por la Generalitat, pero es muy difícil hacerlo con quienes han llegado siendo ya mayores de edad o han sido tutelados por otras comunidades autónomas". Teniendo en cuenta esta dificultad, los datos más actualizados señalan que en Barcelona viven unos 200 jóvenes migrantes sin referentes familiares.

"Barcelona ha sido pionera e innovadora en políticas de atención a este colectivo, pero es necesario reforzar los recursos"

En cuanto al papel de las administraciones, el Estado tiene las "competencias exclusivas" en materia de inmigración y las comunidades autónomas se encargan de atender y tutelar a los menores. Son los ayuntamientos quienes, a pesar de no tener competencias en la materia, se convierten en la administración "clave para salvaguardar la buena acogida" de estas personas, al ser la más cercana, y "la primera puerta de entrada a los servicios públicos".

En este sentido, el Ayuntamiento de Barcelona actúa desde hace "más de 20 años en la atención de las personas menores y los jóvenes migrantes que llegan a la ciudad sin red familiar". Eva García Chueca, adjunta al Síndic, ha señalado que "la ciudad de Barcelona ha sido pionera y muy innovadora en políticas de atención a este colectivo, pero es necesario reforzar los recursos".

Propuestas: generar vínculos y acabar con el estigma

Por este motivo, desde la Sindicatura de Greuges de Barcelona han elaborado varias propuestas para "reforzar la actuación del consistorio y también la colaboración con las otras administraciones y las diferentes entidades que trabajan con el colectivo". Estas propuestas se dividen cuatro grandes ejes: el jurídico, el socioeconómico, el comunitario y el ámbito de la gobernanza.

Respecto a las propuestas del ámbito jurídico, la Sindicatura propone hacer seguimiento de la reforma del reglamento de extranjería para garantizar que estos jóvenes alcanzan la mayoría de edad con toda la documentación en regla y reforzar los espacios de atención en los ámbitos de la detección, el acompañamiento y la defensa de sus derechos.

En cuanto a la dimensión socioeconómica, proponen reforzar las alternativas residenciales y explorar otras opciones, como podría ser la acogida -lo que "también favorecería la creación de vínculos"-; reforzar la atención a la salud mental y también la formación y la capacitación lingüística, faciliutando el acceso a los estudios superiores.

En el ámbito del eje comunitario, las propuestas de la Sindicatura se basan en fomentar la participación de estos jóvenes en la vida social y cultural de la ciudad, con el objetivo de ayudar a que puedan desarrollar un sentimiento de pertenencia, y, por otra parte, implementar campañas de sensibilización dirigidas a la sociedad para luchar contra la estigmatización y los discursos de odio.

Por último, respecto a la gobernanza, proponen una coordinación multinivel y multisectorial entre las diferentes administraciones y áreas, y señalan la necesidad de "reforzar el diálogo entre el Ayuntamiento y la Generalitat, pero también entre el consistorio y el resto de municipios del área metropolitana". 

Sobre este ámbito, también plantean fortalecer la formación especializada y el diseño de protocolos, mejorar la recogida de datos, incorporar la perspectiva de género en las diferentes actuaciones, llevar a cabo una coordinación más generalizada y estructurada del trabajo de todos los actores involucrados y reforzar los mecanismos de evaluación y seguimiento de los diferentes programas.

Sobre estas propuestas, García Chueca ha señalado que pretenden ser "una hoja de ruta para inspirar líneas de actuación, pero la concreción es una decisión municipal que se tendrá que tomar según los recursos disponibles y su compromiso político".