Alexandra 'Sasha' Skochilenko, una artista rusa de 31 años, fue arrestada el pasado 11 de abril después de que una persona la denunciara a la policía por sustituir las etiquetas de los precios en un supermercado por otras en las que detallaba la invasión rusa en Ucrania.

Ahora, los amigos de la artista, que se enfrenta a una década de prisión, dicen que ha sido objeto de agresión y tortura psicológica por parte de las autoridades, recoge el Mirror.

Skochilenko fue acusada en virtud de nuevas leyes aprobadas por el régimen de Putin para detener lo que consideran "noticias falsas" sobre la guerra, y será juzgada en junio.

Una amiga llamada Anastasia Williams, dice que Sasha le envió una carta "desgarradora" a través de sus abogados en la que detalla el trato que le dieron los agentes que la interrogaron.

"Dijo que era muy difícil, que los investigadores la estaban presionando psicológicamente e incluso amenazando físicamente. Incluso hicieron amenazas verbales de que podría sufrir violencia sexual, pero no sucedió. Había cinco hombres involucrados y ella es muy frágil", dijo la amiga.

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"Fue interrogada durante casi 48 horas. No consiguió comida ni agua. También tiene problemas de salud: sufre una enfermedad celíaca bastante grave. Pero las prisiones rusas no tienen nada que la ayude con su dieta o medicación. También tiene trastorno bipolar y sin medicamentos y ayuda profesional, podría ser grave para ella", dice Williams.

Alexandra Skochilenko, de San Petersburgo, compareció ante el tribunal de distrito de Vasileostrovsky el 13 de abril y fue acusada de "poner fragmentos de papel en lugar de etiquetas de precios, que contenían información falsa a sabiendas sobre el uso de las fuerzas armadas rusas".

Se cree que una de las etiquetas decía: "El ejército ruso bombardeó un teatro en Mariúpol donde 400 personas se refugiaban de los bombardeos".

Los investigadores dijeron que su protesta estuvo motivada por el "odio político hacia Rusia" y fue acusada en virtud del nuevo artículo 207.3 del Código Penal, que penaliza la "difusión pública de información falsa deliberada sobre el uso de las Fuerzas Armadas rusas".

Si es declarada culpable, podría enfrentarse a una multa de 3 millones de rublos (unos 33.000 euros) y entre cinco y diez años de cárcel.