La ley obligará a informar sobre el sueldo antes de la entrevista de trabajo

Un joven en una entrevista de trabajo.
Un joven en una entrevista de trabajo.
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Un joven en una entrevista de trabajo.

Uno de los aspectos más interesantes de una persona que aspira a un puesto de trabajo es saber cuánto cobraría en el desempeño de su cargo, pero esta opción no siempre se desvela en su momento.

Pero ahora, esto va a cambiar. Tal y como recoge el portal Noticias Trabajo, esta semana la Comisión Europea aprobó, con 403 votos a favor, 166 en contra y 58 abstenciones, el inicio de las negociaciones con los distintos gobiernos de la UE sobre la propuesta de la Comisión para poner en marcha una directiva sobre transparencia retributiva.

Entre las medidas que propone la Comisión, las empresas e instituciones públicas deberán aportar información sobre el salario inicial o su rango en la oferta de empleo o antes de la primera entrevista de trabajo, en la que tampoco estará permitido preguntar al candidato por su historial de sueldos en previos empleos.

Además, en el caso de las organizaciones con más de 250 trabajadores estarán obligadas a hacer públicos sus datos sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres en su organización, así como información a nivel interno por categorías de empleados que hacen un trabajo del mismo valor.

Según datos de la Comisión Europea, el coste para estas grandes organizaciones se estima entre los 379 y los 870 euros anuales, y en países donde ya se ha puesto en marcha estas publicaciones mejoran la imagen pública de la compañía y la motivación de sus trabajadores.

Los trabajadores, por su parte, adquirirían el derecho a solicitar información de su empleador sobre su nivel salarial individual y los niveles medios en la organización, por sexo y por categorías de trabajadores haciendo tareas equivalentes.

Los empleados víctimas de discriminación salarial podrán reclamar compensaciones, incluyendo la recuperación completa de los salarios y bonus no percibidos, mientras que recaerá en la compañía la carga de prueba de que no ha existido dicha discriminación.

Corresponderá a cada país de la Unión Europea, por su parte, establecer penalizaciones (incluyendo un mínimo de multa económica) para infracciones de este principio, dependiendo de su gravedad y duración.

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