Las imágenes de la matanza en la ciudad ucraniana de Bucha han provocado una respuesta internacional en forma de sanciones. Tras varias jornadas de declaraciones cruzadas entre mandatarios europeos, finalmente el contenido de este nuevo paquete no afectará ni al gas ni al petróleo, sino que el recurso energético elegido para sancionar es el carbón. La Comisión Europea ha propuesto este martes aplicar un embargo a este recurso natural. Para Bruselas, aumentar la presión sobre la Federación rusa significa castigar sus exportaciones energéticas a Europa, algo que, en contrapartida, podría significar también un duro golpe para la economía comunitaria, dependientes en este aspecto de Rusia.

Según los últimos datos de Eurostat, Moscú suministró en 2019 el 46,7% del carbón que llegó a Europa. No obstante, dentro de ese intento de descarbonización del Viejo Continente, ese porcentaje ha disminuido y, pese a ser una cifra relevante, no posee la importancia estratégica que tiene el gas y el petróleo ruso en la economía europea.

"En cuanto al quinto paquete de sanciones, me gustaría subrayar que no es solo sobre energía sino que incluye amplios sectores como sanciones personales, al comercio, al sector del transporte y también sanciones que afectan al sector energético, principalmente al carbón", ha afirmado esta martes el vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis.

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Las sanciones al sector energético ruso se aplicarán siguiendo un calendario "aún por definir", ha reconocido el ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, que recuerda que estas son las sanciones "más severas que la UE haya puesto jamás".

Según los datos aportados por Dombrovskis, en 2021 el 62% de las exportaciones rusas a la UE eran hidrocarburos.  Con estos datos, el vicepresidente ha apelado al resto de países a no quedarse ahí y aprobar más sanciones de forma unánime para "hacer daño" a la economía rusa.

En una intervención ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado que las medidas sancionarán por primera vez a este sector, que supone una importante fuente de ingresos para Rusia. Von der Leyen ha defendido que la medida supondrá para Rusia un impacto de 4.000 millones de euros al año.

División en Europa sobre las sanciones al gas

Europa ha aprovechado esta situación para plantear una nueva política energética, que se basa en cuatro objetivos: reducir en dos tercios las importaciones de gas ruso ya en 2022, aumentar las reservas propias al 90%, acelerar los acuerdos con otros socios y abrirse a que se limiten los precios dado el efecto dañino que está teniendo el contexto actual en los consumidores.

Pese a ello, la crisis energética actual derivada de la reactivación económica tras la pandemia, y empeorada por la guerra en Ucrania, ha provocado que los países más dependientes de Rusia quieran tomar estas medidas de forma gradual. Según cifras de la Comisión Europea, Europa importa de Rusia un 45,3% del gas.

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No todos los países europeos dependen de la misma forma del gas ruso, ya que los Estados del sur utilizan gasoductos que transportan el gas argelino o libio, reduciendo considerablemente su dependencia de Rusia. Además, algunos países europeos, en un intento por perder esa dependencia de un único proveedor, han comenzado a buscar más exportadores, impulsando también la llegada de gas natural licuado a través de barcos metaneros. En el caso español, importa su gas natural esencialmente de Argelia, proveedor seguido a gran distancia por Estados Unidos y Nigeria.

Con todo, países como Alemania, Hungría o Austria consideran que no es momento de vetar el suministro de gas ruso, al considerar que todavía es pronto para bloquear este recurso; una petición que, por el momento, parece haber surtido efecto en Bruselas.