La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, acompañada de la concejala de vivienda Lucía Martín y del diputado de En Comú Podem, Gerardo Pisarello, ha presentado más 30 enmiendas a ley de la vivienda que se ha de aprobar en el Congreso: "Es algo inédito y excepcional que una alcaldesa de Barcelona venga a presentar unas enmiendas en una ley estatal, pero el momento es excepcional y mi obligación como alcaldesa es hacer el máximo esfuerzo y las máximas acciones posibles para que esta ley, que venimos reivindicando dese hace muchísimos años, sea realmente efectiva", ha explicado Colau.

El motivo principal es que "se la juega todo el país, se la juegan las grandes ciudades y, especialmente, la ciudad de Barcelona, que entre otras cosas, es la ciudad en la que más vecinos y vecinas viven en régimen de alquiler, unos 500.000, lo que supone alrededor de un 40 por ciento". Otra justificación de esta acción es que Barcelona es "la ciudad y la administración pública del estado que en los últimos años ha hecho más política de vivienda pública y también de regulación, para garantizar el derecho a la vivienda".

Además de como alcaldesa, Ada Colau ha presentado las enmiendas como presidenta del área metropolitana (AMB), ya que indica que "también hay muchas otras ciudades afectadas por la problemática de la vivienda, que tiene que ver con la especulación y con la ausencia de un parque público de vivienda y un mercado de alquiler que ha estado descontrolado hasta ahora y donde se han producido subidas abusivas que están poniendo al límite las economías de las familias, especialmente en un contexto de crisis como la actual".

Además de esta enmiendas, la alcaldesa de Barcelona se ha reunido con las ministras Ione Belarra y Raquel Sánchez, responsable del área de vivienda y agenda urbana. Pero sobre todo ha querido "interpelar al presidente del gobierno Pedro Sánchez, que es quien se comprometió conmigo personalmente en la ciudad de Barcelona para que tuviésemos una ley que regulase los alquileres de manera efectiva y que impediría las subidas abusivas”. 

También ha indicado que el presidente se comprometió en un acuerdo de gobierno de coalición donde se firmó que habría una regulación de los alquileres especialmente en zonas tensionadas, como son el caso de las grandes ciudades, y especialmente Barcelona.

Las enmiendas a la ley de vivienda

Las enmiendas pretenden que la ley no se apruebe definitivamente tal y como se aprobó inicialmente, ya que argumentan que no sería efectiva y que no cambiaría la situación del mercado de la vivienda. 

La concejala de vivienda Lucía Martín explica que se necesitan varias modificaciones. En primer lugar, que se elimine el plazo de 18 meses para que se empiece a aplicar la ley. En segundo lugar, que para declarar la áreas tensionadas, las referencias al IPC tienen que ser acordes con la situación actual. Y finalmente, que la regulación se pueda aplicar a todas las viviendas, y no solo a las de grandes propietarios. De lo contrario, explica, solo 30 por ciento de las viviendas se verían afectadas por esta ley, mientras que 70 por ciento restante estaría sujetas a subidas totalmente libres.

Las enmiendas se centran sobre todo en cuatro aspectos: la regulación del precio de los alquileres ha de frenar los precios abusivos que actualmente se dan en el mercado privado; los desahucios de familias vulnerables tienen que tener una alternativa. Para ello, se propone la mediación, que ya se aplicaba en Cataluña antes de suspenderse la ley. 

Otro aspecto es obligar a los grandes propietarios a ofrecer un alquiler social a las familias vulnerables antes de un desalojo. En tercer lugar, se propone elevar la financiación para construir vivienda pública hasta el 1 por ciento del PIB, como pasa en otros países. 

Finalmente, se pretende reformar la fiscalidad, subiendo impuestos a los especuladores y ayudando a las cooperativas, al tercer sector y a las empresas que, según la alcaldesa, "quieran hacer una buena política de vivienda, ganándose la vida de una forma honesta".