La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha defendido este viernes en sede judicial su gestión en la concesión de subvenciones a entidades sociales y ha explicado que estas ya se daban antes de que ella entrase en el consistorio. 

Ha indicado que el interventor simplemente recomendó al gobierno municipal que en lugar de dar subvenciones extraordinarias y directas se hiciese a través de los presupuestos para convocatorias ordinarias.

También ha dicho que el secretario general no vio ilegal que ella no se abstuviese en la votación para aprobar las subvenciones. 

En una rueda de prensa desde el Ayuntamiento de Barcelona posterior a su comparecencia en sede judicial, Colau ha confirmado que ha ido "muy tranquila al juzgado porque no tenía nada que ocultar" y que ha salido "tranquila y contenta de poderme explicar y de constatar que sobre los hechos sobre los que me han preguntado se confirma que no hay caso" , en el momento en el que le han preguntado "por los mismos hechos que se habían denunciado hacía un año y que han sido archivados por la fiscalía". 

"Los mismos hechos ya habían sido denunciados por otra asociación 'fantasma'", ha dicho, "y nosotros ya habíamos dicho que eran querellas calcadas y que la anterior había sido archivada por la fiscalía con una argumentación muy contundente", ha remarcado la alcaldesa barcelonesa. 

"Los mismos hechos ya habían sido denunciados por otra asociación 'fantasma, y nosotros ya habíamos dicho que eran querellas calcadas y que la anterior había sido archivada por la fiscalía con una argumentación muy contundente. No le tenemos miedo 
a ningún 'lobby' o especulador"

"Se confirma la mala fe en el uso de la justicia de los querellantes, con la coincidencia de que eran dos asociaciones diferentes y hemos descubierto que las dos tienen al mismo abogado", ha insistido, convencida de que se pueda producir "el archivo" de esta causa "lo antes posible". 

Colau ha subido el tono de su declaración asegurando que su gobierno municipal no permitirá "que querellas presentadas por asociaciones fantasmas cuestionen la tarea social de entidades como la PAH", de la que se ha mostrado "muy orgullosa de ser una de sus fundadoras" y de haber sido en sus orígenes "activista" en esta y otras entidades que "hacen una labor imprescindible y excepcional con poquísimos recursos" y que han recibido subvenciones por parte del Ayuntamiento con anterioridad a sus mandatos, ha subrayado.

"Estas dos querellas no son hechos aislados. Llevamos 10 archivadas que tienen que ver con fondos buitre y grandes inmobiliarias. Y la última la ha presentado una entidad fantasma que presentó recurso para paralizar por vía jurídica la consulta a la ciudadanía sobre si quería una gestión pública del agua. Por ello quiero reivindicar el orgullo de que el gobierno de Barcelona defienda el bien común y no tenga miedo a ningún especulador o lobby, y por ello asumimos las consecuencias", se ha defendido la alcaldesa en esta intervención.

El interrogatorio 

Colau ha sido interrogada durante una hora como investigada y solo ha respondido a las preguntas del mismo fiscal que archivó una denuncia por hechos similares en julio, y a su defensa. 

El juez no le ha hecho preguntas y la alcaldesa se ha negado a responder a la acusación popular de la asociación Transparencia y Calidad Democrática. Desde  2014, y antes de que ella fuera la máxima responsable del Ayuntamiento de la capital catalana, estas entidades habían recibido 2,6 millones de euros públicos solo por parte del consistorio. En cambio, la acusación popular cifra la supuesta malversación en 80 millones de euros. 

Por eso la acusan de haber cometido los delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionario público.

Según fuentes jurídicas, la fiscalía le ha preguntado, uno por uno, por los diversos expedientes de subvención de la querella. Colau ha explicado que hacía años que el interventor recomendaba introducir las subvenciones a estas entidades en el presupuesto ordinario, y no hacerlo de forma extraordinaria con convenios bianuales para proyectos de interés público. 

En 2020 se decidió comenzarlo a cambiar. En todo caso, ha dicho que nunca fue advertida de ninguna posible ilegalidad, ya que siempre se había hecho así. Además, ha negado que ella tramitase los expedientes de subvención, ya que tenía las competencias delegadas al área de derechos sociales. También ha negado que ordenase conceder más dinero a estas entidades con las que ella tenía vínculos antes de ser alcaldesa.

Ha negado que ordenase conceder más dinero a estas entidades con las que ella tenía vínculos antes de ser alcaldesa

Preguntada por estos vínculos y por si se tendría que haber abstenido en la votación de la comisión de gobierno sobre estas subvenciones, Colau ha dicho que pensaba que solo se tenía que abstener si había un interés personal directo. Cuando la fiscalía archivó en julio la denuncia por los mismos hechos señaló que quizás la alcaldesa se tendría que haber abstenido, pero que, en todo caso, esto no anulaba la subvención ni suponía un delito de prevaricación, sino como mucho una "falta administrativa muy leve".

Colau preguntó entonces al secretario general del Ayuntamiento, y este defendió que no hacía falta que se abstuviese. Además, ha recordado que las subvenciones se aprobaron en la comisión de gobierno por unanimidad y que su abstención o la de otros regidores del equipo de gobierno, que no habrían sido sustituidos, no habría modificado el resultado, porque ella no tiene derecho de veto ni voto de calidad.

Colau también ha explicado en el juzgado el origen de las diversas entidades, sis  funciones y su importancia social. De hecho, ha recordado que el Observatori DESC nació en 1998 e históricamente ha recibido subvenciones de muchas administraciones diferentes.

Fuentes próximas al caso han explicado que la fiscalía considera que el "99,9%" del contenido de la querella es el mismo que las denuncias previamente archivadas por el ministerio púbico sobre la misma cuestión, la última de ellas hace un año y presentada por la asociación Abogados Catalanes por la Constitución. De hecho, la denuncia a la fiscalía y la querella actual están presentadas desde el mismo despacho de abogados de Granada. El ministerio público no ve demasiado recorrido, pero de momento no pedirá el archivo de la causa a la espera de que la acusación popular pueda pedir nuevas diligencias.

El abogado de la acusación popular, procedente de Granada, ha pedido a Colau que declarase en castellano, pero la alcaldesa ha dicho que prefería hacerlo en catalán. El magistrado ha indicado al letrado andaluz que si no entendía alguna cosa, como Colau no le respondería a él a ninguna pregunta, se las traducirían a él a través de la grabación en video que se ha hecho del interrogatorio.

Al acabar la declaración, Colau ha salido de la Ciutat de la Justícia desde la puerta que da a la avenidda del Carrilet de L'Hospitalet de Llobregat, donde la esperaban unas decenas de partidarios y detractores.