El exministro Rodolfo Martín Villa, de 87 años, ha reconocido este lunes que pudo "ser responsable político y penal" de los presuntos homicidios y torturas cometidos durante los años de la Transición -lo que llevó a su procesamiento en Argentina por delitos de lesa humanidad- pero ha descartado que existiera un "plan sistemático, deliberado y generalizado" que consistiera en la eliminación del contrincante político.

Así se ha expresado el otrora titular de Interior en un desayuno informativo, su primera intervención después de que la Justicia argentina revocase su procesamiento el pasado mes de diciembre al entender que no existían "pruebas directas o indirectas, indiciarias, variadas y/o unívocas compatibles" de los delitos de lesa humanidad que se le atribuían.

"Hubiera sido posible que en un acto de locura hubiera podido ser el autor material. Lo que no era posible es que yo formara parte de algunos gobiernos, en concreto de la Transición, que urdieron un plan de aterrorizar a los españoles partidarios de un Gobierno democrático", ha sostenido.

A su juicio, "decir" que los dirigentes de los primeros gobiernos de la democracia se dedicaban a eliminar a "las personas más representativas de aquella etapa" es una "mentira que tiene las patas muy cortas". "No tiene sentido que se use en la querella esa palabra cuando, si la Transición tuvo un enemigo, fue el terrorismo", ha añadido.

Se le acusaba de hasta doce homicidios

La jueza argentina María Servini procesó el pasado diciembre a Rodolfo Martín Villa por homicidio y tortura, asegurando que el exministro ocupó "una posición preponderante en la estructura jerarquizada de poder" bajo la que se produjeron varias muertes, de las que Servini le colocó como principal responsable. 

A Martín Villa, entre otros, se le acusaba de permitir el asesinato del joven Arturo Ruiz en 1977, de la masacre del 3 de marzo en Vitoria donde murieron cinco obreros, de la represión policial en los Sanfermines de 1978 y de cinco muertes durante la Semana Pro amnistía de mayo de 1977.

En total, se le investigaba por el homicidio de hasta doce personas a manos de Policía, Guardia Civil o grupos paramilitares vinculados con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad