La Fiscalía pide al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que investigue solo por un delito de desobediencia, que no conlleva prisión, a la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, que antes de ser aforada había sido procesada por malversación.

En un escrito remitido a la sala civil y penal del TSJC, el fiscal Pedro Ariche mantiene que hay indicios de la que la consellera incurrió en un delito de desobediencia grave, por "desatender los mandatos" del Constitucional y colaborar en la organización del referéndum del 1-O desde su cargo de directora de servicios de la secretaría general del Departamento de Vicepresidencia.

Por el contrario, el ministerio público descarta que las acciones de la ahora consellera para facilitar el referéndum constituyeran malversación de caudales públicos, un delito que conlleva penas de cárcel, mientras que el de desobediencia se castiga sólo con inhabilitación y multa.

Garriga fue procesada por su papel en la adjudicación de varios contratos menores para acondicionar un centro de atención telefónica que debía funcionar como centro de recogida de datos del 1-O, así como por sus gestiones para obtener un local donde almacenar el material electoral, facilitar el acceso a la web del referéndum y asistir un acto de Vicepresidencia a favor de la consulta.

No obstante, razona la Fiscalía, la propia juez del TSJC que procesó por el 1-O al exsecretario general de Vicepresidencia Josep Maria Jové -superior de Garriga en la consellería- ya descartó que los gastos destinados al acondicionamiento del citado centro constituyeran un delito de malversación de caudales públicos.

Según recuerda el ministerio público, la instructora descartó esa posibilidad porque, si bien ese espacio iba a ser una infraestructura clave para el 1-O, después fue utilizado "para procesos electorales legales y para otras actividades".

Ello no impide, según el fiscal, que el acondicionamiento de ese espacio para el 1-O integrara "un hito más dentro del delito de desobediencia.