La Asociación de Familias de la Escola Turó del Drac de Canet de Mar, que se encuentra en el foco mediático y político tras la sentencia que obliga a impartir un 25% de clases en castellano tras la denuncia de los padres de uno de sus alumnos, ha enviado este jueves una carta a los medios de comunicación en la que dicen verse en la obligación de alzar su voz "como representantes de las familias del centro". 

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En la misiva expresan su "malestar" por el hecho de que la escuela "se haya convertido en escenario de enfrentamientos políticos, debates identitarios y disputas lingüísticas que no nos corresponde asumir ni al centro, ni a las familias, ni mucho menos a nuestros hijos e hijas". 

Aseguran sentirse "utilizadas, difamadas y tristes" porque, en su opinión, "se está generando un "relato falso" que no se corresponde con el ambiente cohesionado que se respira en nuestra escuela".

Dadas estas circunstancias, la AFA exige "responsabilidad política" a todas las formaciones tanto de Cataluña como del resto de España y, especialmente, "a aquellos representantes políticos que estos días han hecho declaraciones incendiarias y falsas sobre nuestra escuela". 

"No podemos ser equidistantes con una sentencia que pone en peligro el proyecto educativo y lingüístico acordado democráticamente y que menosprecia los órganos de participación de la escuela"

La queja también la extienden a los medios de comunicación, a los que piden "que no contribuyan a difundir un relato falso que amenaza con romper el clima de buena convivencia que siempre ha existido en el centro". 

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Desmienten de manera "rotunda" que se esté produciendo cualquier tipo de "acoso, aislamiento y ataque hacia cualquier niño, niña o familia" del centro, al que definen como "una escuela diversa y plural que nunca ha permitido, ni mucho menos promovido actitudes discriminatorias de ningún tipo".  

Lamentan que el debate se haya "impuesto por orden judicial"

Recuerdan, además, que el Consejo Escolar aprobó en 2019 el proyecto lingüístico de la escuela "con el consenso de familias, equipo docente y equipo directivo" y resaltan que ninguna familia les ha trasladado nunca "la necesidad de revisar el proyecto aprobado por la comunidad educativa del centro". Por ello, lamentan, al mismo tiempo, "que el debate no se haya llevado a cabo mediante los canales disponibles y que se haya impuesto por orden judicial". 

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En este sentido, el AFA indica que no pueden ser "equidistantes con una sentencia que pone en peligro el proyecto educativo y lingüístico acordado democráticamente y que menosprecia los órganos de participación" de la escuela. Y finalizan el escrito remitido a los medios asegurando que seguirán trabajando "para que cualquier debate que afecte a nuestra escuela se lleve a cabo de forma dialogada, participativa, democrática y siempre desde el respeto y la tolerancia".