Los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Barcelona intervinieron hasta en 88 ocasiones para atender a la familia (los padres y dos  menores) que okupaba un local perteneciente a una antigua entidad bancaria en la céntrica plaza Tetuán y que murió en un incendio el pasado 30 de noviembre. Lo ha confirmado este martes la teniente de alcalde de Drets Socials, Laura Pérez, en la Comissió de Drets Socials, Culturals i Esports. Las intervenciones consistieron tanto en visitas al local como en atenciones a los dos niños.

La familia que murió en el incendio compró el derecho a okupar la sucursal por 700 euros

La primera visita se produjo en septiembre de 2020 y los contactos se mantuvieron una vez al mes. Una inspección que realizaron un mes antes del incendio mortal la Guardia Urbana y técnicos del distrito del Eixample concluyó que no existía un riesgo inminente para los ocupantes. Se comprobó el estado de los interruptores, del cuadro eléctrico y de la ventilación. 

Para Pérez, “los Servicios Sociales actuaron de la mejor manera posible, dentro de las competencias que tenemos”.

La regidora de Habitatge, Lucía Martín, ha indicado que el presupuesto municipal para detectar situaciones de infravivienda y de sinhogarismo se ha incrementado en un 77% hasta los 6 millones de euros. 

El grupo de Ciutadans en el Ayuntamiento ha exigido más recursos para vivienda pública y el PP ha instado a modificar las condiciones para que sea más fácil el acceso a la Mesa d'Habitatge, una lista en la que hay inscritas 650 personas. ERC ha pedido un plan de choque contra la infravivienda y Barcelona pel Canvi ha solicitado que se presente en un plazo de tres meses un informe sobre la okupación ilegal en la ciudad.