El Código Civil catalán prohibirá a los padres sospechosos de maltrato visitar y comunicarse con sus hijos

A partir de ahora, los progenitores con "indicios fundamentados" tras una investigación (no solo por el mero hecho de presentar denuncia) de actos de violencia familiar o machista tendrán prohibidas las estancias, visitas y comunicaciones con sus hijos. Dicha restricción se llevará a cabo mediante un decreto ley que dará pie a la modificación del código civil catalán que ha sido aprobada este martes por el Consell Executiu del Govern y sobre la que ha informado la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró. 

La prohibición de todo tipo de comunicación con los menores por cualquier medio, incluidas las llamadas telefónicas, también se activará cuando el progenitor se encuentre dentro de un proceso penal por atentar contra la vida o contra la integridad física, moral y sexual del otro miembro de la pareja o de los hijos, cuando el progenitor esté encarcelado por alguno de estos delitos y cuando exista una denuncia de la Fiscalía.

En el ánimo del ejecutivo catalán a la hora de impulsar esta medida está la protección "de la vida y de la seguridad de los niños" de estos progenitores para evitar que estos recurran a la "violencia vicaria" contra los menores con el fin de hacer el mayor daño posible al otro miembro de la pareja, ha explicado Ciuró. La violencia vicaria se considera una forma de violencia machista en la que se atenta contra los hijos para provocar un daño psicológico a la madre. En cambio, la violencia familiar puede afectar a abuelos, hermanos u otros miembros del núcleo familiar.

De las 47.000 órdenes de protección a mujeres otorgadas en el año 2019 en España, solo en un 3% de los casos se suspendieron las visitas de los progenitores a sus hijos

El nuevo decreto ley será de aplicación inmediata para los tribunales de justicia y de "obligado cumplimiento", ha señalado la consellera. Evita que sean los jueces los que tengan que decidir si aplican o no estas medidas de alejamiento del progenitor de sus hijos en cada uno de los casos que entre por vía judicial. Las medidas aprobadas serán retroactivas, por lo que, en caso de que las partes afectadas soliciten un procedimiento judicial de revisión se podrán aplicar los nuevos cambios normativos.

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Con este blindaje, el Govern espera reducir las duras cifras de violencia vicaria, que en el Estado ha arrojado este año cinco muertes de menores a manos de progenitores, una de ellas en Cataluña (el pasado mes de agosto, en un hotel de Barcelona), en datos del Consejo General del Poder Judicial. De las 47.000 órdenes de protección a mujeres otorgadas en el año 2019 en España, solo en un 3% de los casos se suspendieron las visitas de los progenitores a sus hijos.

Además, evita que sean los jueces los que tengan que decidir si aplican o no estas medidas de alejamiento del progenitor de sus hijos en cada uno de los casos que entre por vía judicial.

Se suele dar la circunstancia, ha remarcado Ciuró, de que los magistrados suelen priorizar que "las relaciones entre padres e hijos no se rompan, incluso en casos de violencia machista", por lo que en muchos casos no se restringen las visitas. Pero, del mismo modo, ha dicho la titular de Justícia, está comprobado que la mayoría de estos episodios de violencia vicaria contra los menores se dan cuando los hijos están a cargo del agresor dentro de un proceso de separación o de divorcio de los padres. 

Precisamente, en los procesos civiles de separación y de divorcio, el decreto ley permitirá que el magistrado pueda establecer un régimen de comunicaciones o visitas haciendo prevalecer el interés del menor y habiéndolo escuchado previamente.

Otra de las mejoras que introducirá esta modificación del código civil catalán a partir de ahora hará que no sea necesario el consentimiento del progenitor sobre el que haya abierto un procedimiento penal por violencia familiar o machista para que los hijos menores de edad (hasta los 16 años) reciban atención psicológica. Tampoco, cuando sea el otro progenitor el que necesite asistencia, acreditada por los servicios de atención a las mujeres que sufren violencia machista.

La asistencia psicológica a los niños mayores de 16 años sí que requiere del consentimiento del padre o de la madre contra el que se siga un proceso penal.

"Avanzamos en la protección de los menores victimas directas o indirectas de la violencia machista y damos seguridad a los profesionales que atienden a estos menores, que se encontraban con procesos de denuncia por parte de los progenitores", ha insistido la consellera.