Un tribunal militar de Libia ha condenado a muerte al general Jalifa Hafter, aliado de las autoridades asentadas en el este del país, por los bombardeos a una Escuela de Defensa Aérea en la ciudad de Misrata, lo que repercute en el proceso electoral, ya que el mariscal es candidato en los comicios presidenciales que se celebrarán el 24 de diciembre.
Este tribunal de Misrata ha juzgado en rebeldía y ha sentenciado con la misma pena a otros comandantes aliados de Hafter, como Abdelrazik al Nathori, Saqr al Jerushi o Abdelsalam al Hassi, quienes, junto al general, quedan privados de sus derechos civiles y liberados del servicio militar.
Por otro lado, el tribunal ha pedido a la Agencia de Investigación Criminal que ejecute una orden previa para detener a Hafter por cinco casos y actos que violaron las leyes militares entre 2019 y 2020, informa el diario libio Libya Observer.
Al respecto, el tribunal lamenta que, al haber sido aceptada la candidatura presidencial del general, la ley marca que solo puede estar sujeto a máximo "cinco años de prisión".
Caso similar al del hijo de Gadafi
La Fiscalía Militar ya había pedido a la Comisión Electoral que suspendiese provisionalmente el procedimiento de admisión de las candidaturas de Hafter y de Saif Al Islam Gadafi, hijo del exlíder libio Muamar Gadafi, hasta que se les interrogue por los casos que pesan en su contra.
Hafter está siendo investigado por un tribunal del estado de Virginia, en EE UU (posee la doble ciudadanía, libia y estadounidense), también en relación a la comisión de crímenes de guerra durante los combates entre sus fuerzas y el Gobierno de Trípoli reconocido por la comunidad internacional.
En el contexto electoral, la comisión anunció el miércoles que Saif al Islam, uno de los principales candidatos y señalado asimismo por crímenes de guerra, fue descalificado de la contienda electoral por no cumplir con los criterios, si bien este ha recurrido la decisión.
Crímenes contra la humanidad
El hijo mayor de Gadafi, quien fue considerado en el pasado como un posible referente del cambio en el país, fue condenado a muerte en julio de 2015, tras ser juzgado en rebeldía, toda vez que permanecía detenido en la localidad de Zintan en manos de un grupo de milicianos que se negó a entregarle a las autoridades libias.
Además, fue condenado por crímenes de guerra cometidos durante la revuelta de 2011 que acabó con el régimen de Gadafi, quien murió a manos de milicianos rebeldes en Sirte el 20 de octubre de ese año. Saif al Islam está además reclamado por el Tribunal Penal Internacional (TPI) por crímenes contra la humanidad.
Sin embargo, finalmente fue liberado en abril de 2016 en el marco de una amnistía concedida por el gobierno asentado en el este del país durante el conflicto que siguió a la muerte del sátrapa.
Gobierno de unidad
Libia cuenta desde marzo con un Gobierno de unidad tras un proceso de conversaciones para unificar las administraciones enfrentadas, después de que las autoridades asentadas en Trípoli, reconocidas internacionalmente, repelieran el año pasado la ofensiva lanzada en 2019 por Hafter, leal a las autoridades orientales.
El nuevo Ejecutivo tiene entre sus principales objetivos la organización de unas elecciones legislativas y presidenciales, previstas para el 24 de diciembre, con las que se espera dar carpetazo a la crisis institucional abierta en 2014 y a la inestabilidad que sufre desde la captura y ejecución en octubre de 2011 de Gadafi.
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