El Gobierno aprueba un indulto parcial para Juana Rivas y lo justifica por el "interés" de sus hijos

El Gobierno aprobó este martes un indulto parcial para Juana Rivas, la madre de Aracena (Granada) condenada en 2018 a dos años y medio de prisión por sustracción de menores, después de que no entregara a sus hijos a su exmarido, el italiano Francesco Arcuri. 

Según detalló la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el citado periodo de cárcel se rebaja a la mitad, por lo que queda fijada en un año y tres meses, y se conmuta la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad por 180 días de trabajos en beneficio de la comunidad.

Rodríguez agregó que para tomar esta decisión el Gobierno ha observado el "interés del menor", en referencia a sus hijos, y que también ha tenido en cuenta "las circunstancias vitales en las que afrontó las decisiones por las que fue condenada",

Por su parte, la ministra de Igualdad, Irene Montero, afirmó que el indulto parcial es un "acto de justicia y reparación" que supone el "cierre de una brecha" entre la legislación sin perspectiva de género y una madre que "protegió" a sus hijos de la violencia machista.

"El Gobierno acierta cuando se pone del lado de las mujeres", agregó la ministra en un vídeo que publicó en Twitter, donde destacó que el indulto ha sido posible por las mujeres que "juntas salieron a decir que Juana estaba en su casa", por las juristas, abogadas y psicólogas que nunca la han dejado sola y por la lucha del movimiento feminista.

Nuestro trabajo como Gobierno -continúa la titular de Igualdad- es aprobar leyes como la de Infancia que suspende el régimen de visitas ante cualquier mínimo indicio de violencia contra los niños y niñas. "Un maltratador nunca es un buen padre", sentenció.

Una decisión clave para la custodia

La defensa de Juana Rivas esperaba la llegada de esta medida de gracia de manera urgente, dado que puede ser determinante para obtener la custodia de sus hijos, un litigio que se dirime el próximo día 19 de noviembre en la Corte de Apelación de Cagliari (Cerdeña). 

Carlos Aránguez, abogado de Rivas, confiaba en que el Gobierno concediera este indulto parcial este martes, sobre todo después de conocerse que el Tribunal Supremo no había alcanzado una mayoría suficiente para concederle un indulto total, aunque ocho de los dieciséis magistrados se mostraron a favor del parcial.

Aránguez recordó entonces que la Fiscalía también emitió un informe favorable a esta medida "excepcional" por "absolutamente adecuada" para resolver "por fin" un procedimiento penal abierto "contra una madre que solo quiere defender a sus hijos de un maltratador", añadió.

Numerosas organizaciones feministas, así como altos cargos del Ministerio de Igualdad, han presionado en las últimas horas en redes sociales al Consejo de Ministros para que tomara la decisión que finalmente ha acordado.

Tras conocer la concesión del indulto, el letrado de Rivas se ha mostrado "muy feliz" y ha anunciado que, dado que la medida de gracia supone un "enorme refuerzo" para sus pretensiones, pedirá que se suspenda la pena de prisión pendiente.

"Si el juez fuese razonable, lo normal sería que se suspendiera la ejecución de los diez meses de prisión que le restan por cumplir", ha dicho.

Rivas, en tercer grado desde el verano

El argumento jurídico en el que se ha basado el Gobierno para aprobar este indulto parcial son “razones de justicia y equidad” en la que toman en cuenta “el interés superior de los menores y las circunstancias vitales de todos los afectados”.

El indulto queda condicionado, eso sí, “a que no cometa un delito contra los derechos y deberes familiares en el plazo de cuatro años desde la publicación del decreto del indulto”.

Los hechos por los que fue condenada tuvieron lugar en el verano del 2017, cuando permaneció un mes en paradero desconocido junto a sus dos hijos para no entregarlos al padre, quien a su vez en 2009 fue condenado por lesionarla y al que ella había vuelto a denunciar por maltrato en 2016.

La condena inicial por dos delitos de sustracción de menores fue rebajada por el Tribunal Supremo a dos años y seis meses de prisión por un solo delito, además de la pérdida de la patria potestad.

Confirmada su condena, Juana Rivas se presentó voluntariamente el 11 de junio de 2021 en el Centro de Inserción Social (CIS) Matilde Cantos de Granada para cumplir su pena. La Junta de Tratamiento de ese centro ordenó, tras ser puesta en tercer grado, que cumpliera la pena en casa con pulsera telemática.

Rivas consiguió el tercer grado porque la condena que se le impuso no era superior a cinco años, se trataba de su primer delito y su causa tiene una antigüedad superior a tres años.