El juicio a las nueve personas conocidas como los '9 de Lledoners' ha empezado este martes por la mañana en el juzgado de Manresa. Los activistas participaron en 2019 en protestas contra el traslado de los presos independentistas a Madrid para el juicio del procés y se les acusa de provocar disturbios y lesionar a agentes de los Mossos. Los encausados se enfrentan a hasta siete años de prisión. Además de la petición de prisión de la Fiscalía, la Generalitat pide 18 meses de prisión para tres de los activistas. 

Este martes será el turno de los testigos y el miércoles declararán los acusados. Decenas de personas venidas de toda Cataluña se han reunido a las puertas del juzgado para apoyar a los encausados y se han organizado actividades durante todo el día.

Eva Pous, abogada de Alerta Solidaria, explicaba un rato antes de arrancar el juicio que "nos encontramos ante el enésimo intento de fiscalía, Mossos y la Generalitat de criminalizar las movilizaciones". Pous ha valorado muy negativamente que la Generalitat ejerza de acusación particular: "Ninguna de las dos formaciones, ni Junts per Catalunya ni ERC, han hecho aquello que entendíamos que tenían que hacer, que es retirar las acusaciones". Además, la abogada ha criticado que, además de atentado a la autoridad, también les acusan de delitos públicos.

Por otro lado, la letrada también ha criticado el papel de la fiscalía, que ha tildado de "cuestionable y sancionable". En este sentido, ha dicho que la fiscalía les pide las penas máximas "para forzar que los encausados acaben reconociendo unos hechos que no son ciertos". Por todo ello, cree, el ministerio público solo busca "criminalizar las movilizaciones y buscar condenas del todo injustificadas".

Por su parte, dos de los abogados de los encausados, Josep y Teresa Rossell, han denunciado que las acusaciones son "del todo injustificadas y desproporcionadas" y han criticado especialmente el papel de la Generalitat como acusación particular. "El papel de la Generalitat no es un papel, es un papelón", ha lamentado el letrado Josep Rossell, que ha criticado que los Mossos montaron un "atestado inverosímil".

Hasta siete años de prisión

La madrugada del 1 de febrero de 2019 se inició el traslado de los nueve presos independentistas hacia Madrid para asistir al juicio del procés en el Tribunal Supremo. 

A las puertas de la prisión de Lledoners se concentró un grupo de personas que bloqueó la carretera y fueron desalojadas por los Mossos. 

La fiscalía les acusa de "atentar contra la paz pública" por presuntamente hacer barricadas con el objetivo "de impedir la circulación de los vehículos". 

Además, a tres de ellos también les acusa de desobediencia y lesiones por haber agredido a tres agentes de los Mossos. Para estos últimos pide siete años de prisión y, para los otros seis, tres.