Tal y como ha informado el departamento autonómico en un comunicado, la Comunidad reconoce la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual como violencia de género, por lo sus víctimas pueden acceder a ayudas económicas y a recursos de apoyo jurídico, psicológico, social y de inserción laboral.

Según ha explicado la secretaria xeral, el I Plan galego contra a trata e a explotación sexual, en el que trabaja ahora el Gobierno gallego, "reforzará" las medidas de apoyo, atención, acompañamiento y asesoramiento integral a las víctimas y a la red de acogida para mujeres que denuncien la coacción y la violencia de las que son objeto.

López Abella ha recordado que la situación provocada por la covid-19 ha aumentado la situación de especial vulnerabilidad para las víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y/o laboral; razón por la que el Gobierno gallego ha reforzado todos los dispositivos en el ámbito de la intervención social "en estrecha colaboración" con las ONGs que conforman la Rede Galega contra a Trata".

En esta línea, la Xunta ha firmado este año nueve convenios con ellas, lo que supone una inversión de 63.000 euros -un 40% más que en 2020-, con ayudas directas de emergencia para 200 mujeres víctimas. Además, han recordado en el comunicado, en Galicia se ofrecen desde 2012 apoyos a entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro para la atención social integral a mujeres vulnerables. Este año se han destinado 1,4 millones de euros para proyectos de 61 organizaciones.

La secretaria xeral ha incidido también en que la Comunidad lleva años "urgiendo" una ley orgánica integral y multidisciplinar contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. "Una ley que debe incidir en la prevención, en la persecución de oficio del delito, promover la eliminación de publicidad de contenido sexual y activar programas de protección social y recuperación integral de las víctimas", ha explicado.