Polonia no quiere salirse de la Unión Europea pero parece empeñada en minar el proyecto desde dentro, desafiando el principio de primacía del Derecho de la UE y colocando por encima a su Tribunal Constitucional. El pulso está echado y Bruselas dispone de herramientas para responder. El primer ministro polaco insiste en que no entrará en el "chantaje" que cree que está haciendo la Comisión, pero su presidenta, Ursula von der Leyen, fue muy rotunda al decir que no van a permitir que los valores europeos "se pongan en peligro". Llegados a este punto de tensión, ¿qué opciones tiene Bruselas frente al órdago polaco?

Acudir al TJUE

Es una vía que ya está abierta. Hace más de un mes, la Comisión Europea pidió al Tribunal de Justicia de la Unión Europea imponer sanciones económicas a Polonia por incumplir el mandato de la corte comunitaria que exigía a Varsovia suspender la aplicación de disposiciones relativas a las competencias de la cámara disciplinar del Tribunal Supremo.

La lucha entre Bruselas y Varsovia por la falta de independencia judicial en Polonia viene de lejos y se han cruzado numerosos asuntos. Realmente puede ser un camino factible, pero que se podría eternizar durante dos años si el Gobierno polaco decide recurrir -que sería lo lógico llegado el caso-. La batalla judicial planteada desde ese punto de vista podría acabar por no ser efectiva.

Mecanismo de condicionalidad... y bloqueo de fondos

Esta no es solo la medida más rápida, sino la que más se exige desde el Parlamento Europeo. El fondo de recuperación incluye un mecanismo de condicionalidad por el cual si no se cumple con el estado de derecho las ayudas europeas no llegan. Polonia está entre los mayores beneficiarios del fondo de recuperación y es el segundo Estado miembro que más fondos regionales ha recibido hasta el año 2020 (solo superado por España).

Además, el plan de recuperación polaco está bloqueado precisamente por no cumplir con los mínimos relativos al estado de derecho. Las negociaciones entre la Comisión Europea y el Ejecutivo polaco se mantienen abiertas, pero apenas avanzan. "Este mecanismo permitirá a la UE suspender, reducir o restringir el acceso a la financiación de la UE de manera proporcional a la naturaleza, la gravedad y el alcance de las infracciones. No influirá en las obligaciones de los Estados miembros afectados para con los destinatarios y beneficiarios finales", explican desde la Comisión.

Además, en el marco de este reglamento, la Comisión es la que propone las medidas y el Consejo las aprueba (o no) en una votación por mayoría cualificada, lo que reduce a la nada las opciones de veto que puedan ejercer 'socios' de Polonia entre los 27, como Hungría o Eslovenia. En este caso también cabe recurso por parte de los gobiernos.

Un artículo 7 ¿inviable?

"El Consejo Europeo, por unanimidad y a propuesta de un tercio de los Estados miembros o de la Comisión y previa aprobación del Parlamento Europeo, podrá constatar la existencia de una violación grave y persistente por parte de un Estado miembro de los valores contemplados en el artículo 2 tras invitar al Estado miembro de que se trate a que presente sus observaciones". Así se recoge en el artículo 7 del TUE, que, a efectos prácticos, deja sin voto a un Estado miembro en el Consejo.

En el caso de Polonia este mecanismo lleva tiempo activado, pero presenta un problema: se necesita unanimidad. Aunque hay recovecos por los que ese sistema se puede esquivar, parece una opción quimérica. Rotunda, sí, pero casi imposible teniendo en cuenta que esa unanimidad en torno a Polonia no se va a alcanzar en tanto en cuanto tendrá el apoyo de los gobiernos húngaro y esloveno, como poco.

¿Puede Bruselas expulsar a un Estado miembro de la UE?

No. La respuesta es clara y rotunda. No hay mecanismos de expulsión de un Estado miembro de la UE, pero sí de salida voluntaria por parte de ese país. Es el artículo 50, al que se acogió el Reino Unido para llevar adelante el brexit.