"La verdad es que lo planteo pero lo tengo que meditar", ha comentado en declaraciones a 'Radio Club Tenerife' y recogidas por Europa Press en la que acusa al coordinador regional, Enrique Arriaga, de intentar anularle porque su acción judicial va contra el PSOE.

Gómez ha dicho que en Cs "no quieren que se haga ruido" porque mantienen un pacto de Gobierno con el PSOE en el Cabildo de Tenerife y entiende que si los denunciados fueran de Coalición Canaria (CC) no tratarían de frenarle.

Ha indicado que Cs es una "ilusión" por la que empezó su carrera política y "lleno" de compañeros y afiliados "maravillosos" que aún resisten pese a la tendencia a la baja de la formación y si expone que si todavía se mantiene dentro es porque le mueve la lucha contra la corrupción.

Gómez ha acusado a Arriaga de dejarlo en el "más absoluto abandono" tras solicitar amparo al partido una vez fue destituido por el alcalde como presidente de la comisión municipal de transparencia por supuesta "pérdida de confianza". "No se dignó a contestarme", ha explicado.

Además, ha criticado que por orden del secretario autonómico de Acción Institucional de Ciudadanos, Ruymán Santana, se le negó ser el miembro de Cs en la comisión municipal de investigación, algo que le generó "sorpresa" dado que fue el denunciante del caso.

En su opinión, esta decisión es un "despropósito" y cuya "única razón" es que Ciudadanos "está protegiendo al PSOE".

El Juzgado de Instrucción Número 4 de La Laguna ha admitido a trámite la querella en la que se atribuyen al alcalde y varios ediles los presuntos de delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, gestión interesada, cohecho y falsificación documental.

La querella también se dirige contra la concejal de Cultura, presidenta del Organismo Autónomo de Actividades Musicales (OAAM) y Participación Ciudadana, Yaiza López; el concejal de Hacienda y Seguridad Ciudadana, Alejandro Marrero; la concejal de Fiestas, Carla Cabrera Teixera; el coordinador y responsable de Cultura del OAAM y Teatro Leal, Badel Albelo y el presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos, cuya investigación se deriva a los juzgados de Santa Cruz de Tenerife.

En la querella se hace referencia, entre otras cosas, a la creación de algunas empresas tras las pasadas elecciones municipales y la adjudicación de diversos contratos que no tienen que ver con su objeto social, caso de una catering que termina vendiendo productos sanitarios o haciendo reformas y actividades propias del subsector de la construcción.