El sindicato CGT ha anunciado este miércoles que denunciará ante la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) presuntos sobresueldos, contrataciones directas e irregularidades en la gestión del Consorci dels Serveis Socials de Barcelona.

En un comunicado, ha explicado que basará su denuncia en cuatro auditorías al Consorci durante los últimos años y en un informe del Síndic de Greuges que, desde 2014, detectaron contrataciones irregulares por valor superior a 20 millones de euros. 

Revisión de oficio de la Conselleria de Drets Socials 

Por su parte, la Conselleria de Drets Socials de la Generalitat ha indicado este miércoles que abrirá una revisión de oficio para aclarar si hubo sobresueldos entre cargos del Consorci dels Serveis Socials. 

El informe de la Intervención General de la Generalitat en 2015, encontró incidencias "significativas" al evaluar el cumplimiento de la normativa sobre gastos de personal, normativa patrimonial, de contratación y de protección de datos en el Consorci.

La Sindicatura de Cuentas y la Intervención General de la Generalitat han detectado que el organismo gastó 20 millones de euros en presuntas contrataciones irregulares en un solo año

Además, en 2017 la Sindicatura de Cuentas ya advirtió de "incidencias" en la contratación y alertó de que había contratos fraccionados indebidamente.

Ahora, el sindicato ha expuesto las auditorías al organismo hasta 2019, con un último informe redactado en febrero de 2021, y las presentará a Antifrau para que investigue "sobresueldos, contrataciones a dedo y graves irregularidades" en el Consorci. 

En 2020, los sueldos de todos los funcionarios se rigieron por el convenio único de la Generalitat y los sobresueldos fueron avalados por Función Pública. Desde el Consorci cree que estos complementos irregulares los pudieron cobrar medio centenar de personas, aunque se desconoce desde cuándo.

Tres informes y una auditoría independiente

Tres informes de la Intervención General de la Generalitat de los años 2015, 2017 y 2019 cifran los sobresueldos en estos periodos en casi un millón de euros, a razón de 352.379 euros de retribución extra en 2015; 328.726 euros en 2017 y 256.000 euros en 2019. Pero fue una auditoria independiente de Faura Casas Auditors S.L. la que detectó primero estas irregularidades que confirmaron posteriormente los informes.

El Ayuntamiento de Barcelona señala a la Generalitat, al ser la administración "que estableció la estructura retributiva" mientras que el Govern, de momento, no se ha pronunciado al respecto.