Así, lo han anunciado este jueves le presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la consellera de Sanidad, Ana Barceló, en una rueda de prensa para explicar el levantamiento de restricciones aprobado en la comisión interdepartamental.

Al respecto, Puig ha explicado que la exigencia del certificado covid es "el buen camino" para "apretar el acelerador hacia la normalidad" porque da "seguridad". Sin embargo, en la Comunitat Valenciana su exigencia no se aplicará de momento de forma generalizada por "falta de seguridad jurídica para su implantación" y en ese sentido ha instado al Gobierno a que tome una decisión.

No obstante, ha señalado que mientras que se dispone de este "paraguas general" el Consell dará su apoyo a los festivales y grandes eventos que sí lo requieran.

Por ello, dispondrán de un protocolo específico, que se publicará como tarde el próximo lunes, con medidas "más permisivas" para los eventos que exijan este pasaporte covid, dado que en los próximos día el 90% de la población de la Comunitat Valenciana estará vacunadas. No obstante, deberán mantener las medidas de seguridad generales como "acceso y salida escalonadas, no aglomeraciones, distancia de seguridad, limpieza y medidas higiénicas", ha puntualizado la consellera.

En ese sentido, Puig ha recalcado que se trata de "un instrumento positivo" para "apretar el acelerador de la normalización" porque con la vacunación hay un diez veces menos de capacidad de contagio y por ello le hubiera gustado que el Gobierno y el Consejo Interterritorial hubieran tomado una decisión.

En ese sentido, ha señalado que el Consell estudiará el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que ha avalado este jueves el uso del certificado covid para acceder a discotecas y bares, pero se ha remitido a las limitaciones para su implantación marcadas por el Tribunal Supremo, es especial cuando la incidencia acumulada está en riesgo bajo como es el caso de la Comunitat Valenciana.

Por ello, insiste en que, aunque es "el buen camino", para su implantación se requiere de "seguridad jurídica y consenso con los sectores afectados", que en la Comunitat Valenciana sí que están a favor, ha destacado.