"La Administración local, como la más cercana a los vecinos, no puede ser ajena al problema social de vivienda al que ha dado lugar la crisis provocada por la pandemia, que genera pobreza y sufrimiento a las familias más vulnerables, por lo que, en el marco de sus competencias, se deben de implementar cuantas medidas de protección social y de vivienda sean posibles para paliar la situación que seguramente llegará en los próximos meses", ha valorado la concejala de Vivienda y Rescate Ciudadano, Alicia Laddaga.
Respecto a esto, Laddaga ha advertido que, una vez se levanten las medidas de protección social acordadas por la crisis económica y social que se ha derivado del COVID-19, "se alzarán las suspensiones judiciales de los procedimientos de desahucio y correlativos lanzamientos, lo que llevará a la ejecución de decenas de resoluciones judiciales acordando desahucios, motivo por el cual desde el ámbito de la administración local debemos redoblar esfuerzos para paliar esta situación".
La edil ha indicado que las políticas municipales en materia de vivienda y lucha contra los desahucios "tienen una notable trascendencia social, por lo que se considera conveniente articular un nuevo órgano de participación ciudadana, que contribuya a canalizar de una forma más directa y cercana las inquietudes y opiniones de nuestra sociedad en materia del derecho constitucional a la vivienda y, en su caso, a disponer de alternativas habitacionales cuando se pierde ésta por ejecuciones de procesos de desahucio o hipotecarios".
Así, el Consejo Municipal de Vivienda será el órgano colegiado de participación del Ayuntamiento, de carácter consultivo, informativo, de asesoramiento y propuesta, para la promoción de iniciativas relativas a la planificación y gestión de la política municipal de vivienda y disposición de alternativas habitacionales a las personas que no pueden acceder a ésta.
Su finalidad principal será fomentar la participación de la ciudadanía y canalizar la información de las entidades asociativas en los asuntos municipales referentes a la vivienda. Dependerá tanto de la Concejalía de Vivienda y Rescate Ciudadano como de la de Participación Ciudadana. Contará, además, con representación de la plataforma Stop Desahucios Benalmádena, ASÍS y un representante elegido por las asociaciones de vecinos del municipio.
Entre sus funciones, además de las anteriores, estará promover la elaboración de estudios o trabajos de investigación sobre vivienda y necesidades habitacionales en Benalmádena con objeto de detectar las necesidades existentes, y proponer medidas para evitar los desahucios, así como dotar a personas que hayan perdido su vivienda de una alternativa habitacional.
En la sesión plenaria, la iniciativa ha contado con el respaldo del equipo de gobierno -PSOE e IU-, y de los concejales de PP y Cs, y la abstención por parte de los ediles de Vox.
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