El ex secretario general del Parlament Xavier Muro y el exletrado mayor Joan Ridao han dado oxígeno a la defensa del expresidente de la cámara Roger Torrent al admitir ante la juez que tenían dudas de la inconstitucionalidad de las resoluciones que tramitó, dado que eran proclamas políticas vagas, y que no se opusieron a su tramitación.

Según han informado fuentes jurídicas, ambos letrados han declarado este miércoles como testigos ante la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Maria Eugènia Alegret, que investiga la querella de la Fiscalía contra el ahora conseller de Empresa Roger Torrent (ERC) por desobediencia al Tribunal Constitucional cuando presidió el Parlament.

La querella, que se dirige también contra los exmiembros de la Mesa del Parlament Josep Costa (JxCat), Eusebi Campdepadrós (JxCat) y Adriana Delgado (ERC), acusa a Torrent y sus compañeros de tramitar una resolución a favor del derecho a la autodeterminación y de reprobación de la monarquía, que la cámara aprobó en noviembre de 2019, a sabiendas de su inconstitucionalidad.

La moción, aprobada el 12 de noviembre de 2019, había sido impulsada por los grupos de JxCat, ERC y la CUP el 22 de octubre -coincidiendo con la sentencia del procés- y su redactado era similar al de otras resoluciones de meses atrás que habían sido suspendidas por el Tribunal Constitucional.

En su declaración ante la juez, Muro y Ridao han reconocido que comunicaron a la Mesa que la tramitación de la resolución en cuestión podía dar lugar a "problemas" con el Tribunal Constitucional, pero debido a su falta de concreción no advirtieron tajantemente de su ilegalidad.

En ese sentido, han precisado que no se opusieron a que se diera trámite a la resolución, porque consideraron que se trataba de una moción meramente "declaratoria", como otras muchas que el Parlament había aprobado desde los años 80, y mucho menos precisa que las que el Constitucional había suspendido meses atrás.

En concreto, han argumentado que la resolución que motivó la querella se limitaba a reprobar la monarquía, como institución política en general, a diferencia de una moción previa suspendida por el Constitucional que sí aludía a la figura de "S.M. el Rey".

Los testigos han insistido también en que el contexto político de octubre de 2019 era muy distinto al del 9 noviembre de 2017, cuando el Parlament aprobó la declaración de ruptura, lo que motivó la primera sentencia del Tribunal Constitucional advirtiendo a la Mesa de su obligación de paralizar cualquier iniciativa que emanara de esa resolución.

Asimismo, los letrados han recordado que la resolución a favor de la autodeterminación y de reprobación de la monarquía fue aprobada por el pleno del Parlament el 12 de noviembre a primera hora, cuando todavía no se había recibido el correo electrónico con la decisión del Constitucional que suspendía la moción.

De hecho, el pleno estaba previsto que se iniciara a las 15.00 horas, pero se adelantó a las 9.00 de la mañana, una cuestión sobre la que la magistrada ha insistido en interrogar a los letrados, ante los indicios de que ese movimiento perseguía burlar la prohibición del Constitucional.

Los letrados han corroborado que el correo electrónico del Tribunal Constitucional entró en los ordenadores del Parlament cuando la resolución ya había sido votada y han apuntado que la notificación era voluminosa -porque incluía la documentación escaneada-, lo que pudo motivar que la recepción se demorara.

Como ya hicieran los investigados en su declaración ante la juez, los testigos han confirmado que, una vez recibida la resolución del TC que suspendía la moción, esta no llegó a publicarse en el Boletín Oficial del Parlament.