La iniciativa también reclama al Gobierno central, en colaboración con el Banco de España y la CNMC, un estudio sobre la situación del mercado financiero en España desde el punto de vista de la concentración bancaria, de la competencia y del acceso a los servicios financieros, "especialmente en las zonas rurales, y sus consecuencias en su desarrollo económico y social".

La puesta en marcha de un plan estatal contra la exclusión financiera la plantea "en coordinación con las administraciones autonómicas y locales" y aboga por que incorpore "medidas que faciliten el acceso de la población" a estos servicios.

Entre estas medidas "estaría la de impulsar una normativa que regule la prestación universal de servicios financieros básicos o esenciales, de forma que se garantice su prestación para todos los usuarios, con independencia de su lugar de residencia, con una calidad determinada y a un precio asequible", apunta el texto.

Además, en un tercer punto, pide "continuar impulsando" otras medidas "en tanto en cuanto no esté aprobada una estrategia estatal de lucha contra la exclusión financiera".

DEBATE

En el debate de la proposición no de ley, en la sesión del martes del pleno, la popular Sandra Vázquez lamentó que el cierre de oficinas "dificulta el acceso" a los servicios financieros.

En su turno, la nacionalista Noa Presas vio "inaudito que con la que está cayendo y la de debates" a este respecto, el PPdeG traiga ahora este asunto "a estas alturas de la partida", y ha sospechado que tiene que ver con su voluntad de "lavar la conciencia".

En cuanto al comportamiento de la Xunta, reprochó que "primero estuvieron sin hacer nada" y "después fue peor porque decidieron actuar" y "lo que faltaba es (...) una orden de subvenciones para darle dinero a la banca para que instale cajeros", algo que, ha avisado, "tuvo un efecto llamada" y se materializó con cierre de sucursales.

Por su parte, el socialista Juan Carlos Francisco Rivera también censuró que el PP "repita" iniciativas que ya llevó la oposición a la Cámara y atribuyó esta propuesta a la intención del grupo mayoritario de "blanquear la inacción política de la Xunta en la resolución de un tema que afecta a miles de gallegos".