Esta decisión se toma teniendo en cuenta las actuales circunstancias más favorables en la evolución de la pandemia, como la incidencia por cada cien mil habitantes a 14 días que se encuentra por debajo de los 100 casos. Además, más del 85 por ciento de la población mayor de 12 años está inmunizada con la pauta completa de vacunación (ese porcentaje es superior en el caso de los empleados públicos).
La resolución aprobada en la Mesa General conserva sobre la regulación anterior las medidas especiales de protección para los empleados públicos pertenecientes a sectores vulnerables y medidas de confinamiento por el eventual cierre de centros educativos o de personas mayores.
Igualmente recoge que en todos los centros y lugares de trabajo se garantizara en todo momento las medidas preventivas de obligado cumplimiento y recomendaciones frente a la Covid-19 que las autoridades sanitarias puedan disponer.
Se trata de establecer la normalización de la presencia física del personal de la Administración autonómica en la prestación ordinaria de los servicios públicos, con el objeto de ofrecer la mejor atención al ciudadano.
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