En una nota de prensa, la formación ha asegurado este lunes que los productores deberían percibir un precio que, como mínimo, "cubra los costes y tenga rentabilidad.

Así, la diputada del PP y portavoz en cuestiones de Agricultura, Asunción Pons, ha lamentado que la consellera de Agricultura, Pesca y Ganadería, Mae de la Concha, "sigue sin exigir al Gobierno Central la inmediata dotación presupuestaria y aplicación del nuevo REB que fue aprobado por el Consejo de Ministros en febrero de 2019.

"No se han desarrollado las medidas fiscales, tampoco se ha incluido el factor de insularidad en los Presupuestos del Estado del 2020 y del 2021 y hoy seguimos sin ver reducidos los sobrecostes de dicha insularidad", ha afirmado Pons.

En este sentido, ha reclamado que la nueva Política Agraria Comunitaria (PAC) para el periodo 2023-2027 "ha de reconocer a Baleares como una región insular para recibir más recursos". Mientras, el sector ganadero "ha de resistir y ahora mismo se encuentra en peligro de desaparición en Baleares", ha incidido.

APOYO AL INFORME SOS FRISONA

Por otra parte, el PP ha apoyado el contenido y las conclusiones del informe 'SOS Frisona' de la Asociación Frisona Balear. En específico, defiende la crítica a "los perjuicios de la insularidad y la falta de respuesta del Govern.

"Los costes de producción para los ganaderos de Baleares son un 64 por ciento superiores a los de la Península, lo que supone un coste extra anual de 1.133 euros por vaca", ha detallado Pons.

Así, ha afirmado que el Govern "ha de dar respuesta al SOS" de los ganaderos de vacuno de leche de Baleares "cuando denuncian la nula rentabilidad económica de las explotaciones". "Dificulta el relevo generacional, amenaza su supervivencia y pone al sector en conjunto al borde de la desaparición".

Además, ha reprochado que el Govern "está retrasando" la aplicación del calendario, las medidas y las actuaciones contenidas en el Plan Estratégico para el Sector Ganadero de Baleares 2020-2023, aprobado en 2019. El objetivo de dicho plan "es salvar el sector y evitar el abandono de las fincas".

"En lugar de hacer de oposición a la oposición, la consellera de Agricultura debe aplicar este plan, que fue aprobado por unanimidad en el Parlament", ha concluido.