La Generalitat y el Gobierno reactivan la Comisión Bilateral, aparcada desde 2018

  • La comisión no entrará en reivindicaciones políticas como la amnistía y la autodeterminación.
La mesa de negociación entre del Gobierno central y la Generalitat se celebrará la semana del 13 de septiembre. Es el principal acuerdo que este martes alcanzaron el president de la Generalitat, Pere Aragonès, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la reunión que mantuvieron en la Moncloa.
Imagen de archivo de Pere Aragonès y Pedro Sánchez.
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La mesa de negociación entre del Gobierno central y la Generalitat se celebrará la semana del 13 de septiembre. Es el principal acuerdo que este martes alcanzaron el president de la Generalitat, Pere Aragonès, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la reunión que mantuvieron en la Moncloa.

La Comisión Bilateral Estado-Generalitat se reactivará este lunes con una reunión, la primera desde 2018, a la que el gobierno catalán acudirá con el propósito de desencallar 56 traspasos a Cataluña y obtener más recursos para prestaciones sociales e infraestructuras.

No entrará, en cambio, en reivindicaciones políticas como la amnistía y la autodeterminación, cuestiones que piensa plantear en la mesa de diálogo sobre Cataluña prevista para septiembre.

La reunión del lunes, en Madrid, será la primera que celebre la Comisión Bilateral Estado-Generalitat desde el 1 de agosto de 2018, aún bajo la presidencia de Quim Torra.

Con la reciente remodelación del Gobierno central, que desplazó a Miquel Iceta al Ministerio de Cultura, el ejecutivo catalán temía que la reunión quedase aplazada hasta después del verano, pero finalmente la nueva ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, acordó celebrarla este próximo 2 de agosto. Rodríguez liderará la delegación del Ejecutivo central.

La delegación catalana estará presidida por la consellera de la Presidencia, Laura Vilagrà, junto con el vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró, el conseller de Economía y Hacienda, Jaume Giró, y otros cargos de sus respectivos departamentos, además de la delegada de la Generalitat en Madrid, Ester Capella.

Dos cambios fundamentales han sucedido desde entonces: la presidencia de la Generalitat ha pasado de JxCat a ERC -ahora el president es Pere Aragonès, aunque los dos socios independentistas siguen compartiendo el Govern- y los nueve presos del 1-O han salido de la cárcel gracias al indulto concedido por el Gobierno en junio.

ERC quiere imprimir un mayor pragmatismo en la gestión del Govern y necesita evidenciar que la vía de la negociación con el Estado va dando sus frutos, con avances al menos en cuestiones del día a día, mientras que en JxCat muestran su escepticismo ante los acuerdos que se puedan alcanzar con el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Vilagrà, estrecha colaboradora de Aragonès y segunda voz de ERC con más jerarquía en el Govern, ya ha dicho que espera que la reunión del lunes de la Comisión Bilateral sirva para desbloquear "56 traspasos pendientes", que la Generalitat quiere que se hagan efectivos "con rapidez y con una financiación adecuada".

En los últimos días, las consellerías y los ministerios involucrados han hecho un trabajo previo para perfilar los posibles acuerdos en temas sociales, económicos, de infraestructuras, de conflictos de competencias y de protección de la lengua catalana.

Posiblemente habrá más reuniones

Consciente de que en una sola reunión será imposible resolver todas las cuestiones sobre la mesa, el Govern aspira a cerrar un "calendario de trabajo" para otoño, con el fin de que en los próximos meses se puedan materializar los traspasos.

Algunos temas deberán tratarse más adelante en la Comisión de Transferencias, la Comisión de Asuntos Económicos y Fiscales o la Comisión de Infraestructuras.

Entre las cuestiones prioritarias para el Govern figuran la regulación catalana de alquileres de viviendas, el traspaso de recursos del Ingreso Mínimo Vital o la protección de la lengua catalana en el proyecto de ley estatal del audiovisual.

También espera concretar la transferencia de las becas, temas de formación sanitaria especializada, salvamento marítimo, inspección laboral y el traspaso de la titularidad patrimonial de edificios e infraestructuras, como la sede de la Jefatura Superior de Policía, en la Via Laietana de Barcelona.

Además, el Govern reclamará la "deuda de 3.800 millones de euros" por los "incumplimientos continuados" de la disposición adicional tercera del Estatut, que prevé inversiones del Estado en infraestructuras en Cataluña, y más recursos para Cercanías.

Otra de las cuestiones que el Govern pondrá sobre la mesa es la "gestión descentralizada" de los fondos europeos, uno de los temas abordados en la Conferencia de Presidentes del viernes, a la que no acudió el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès.

No obstante, fuentes del Ejecutivo central alertan de que la Comisión Bilateral no es el foro en el que negociar los fondos europeos, un asunto que precisamente se tratará el mismo lunes a nivel autonómico en una comisión sectorial, si bien las fuentes admiten que no podrán evitar que la Generalitat saque el asunto.

Aragonès y su ejecutivo priorizan la "relación bilateral" con el Gobierno del Estado y solo participarán en los foros multilaterales en los que se haya trabajado previamente los acuerdos.

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