Un "punto y final en lo que ha sido un entramado urdido durante 37 años de gobiernos socialistas en los que se creó una maraña burocrática para dar cobijo a una amplia red clientelar". Así definió este martes el vicepresidente de la Junta y consejero de Regeneración Democrática, Juan Marín, el informe final de las auditorías externas del sector público instrumental de la Junta, la conocida como Administración paralela, un documento de 6.000 páginas que el Ejecutivo andaluz hará público en los próximos días a través del Portal de Transparencia.

A día de hoy, el sector instrumental de la Junta está formado por 92 entes: 23 fundaciones, 22 sociedades mercantiles, 18 agencias públicas empresariales, 16 consorcios, diez agencias administrativas y tres de régimen especial. El personal laboral de estas entidades ascendía a 28.443 trabajadores a cierre de 2018, por los 28.981 a cierre del pasado año. Un incremento consecuencia del aumento entre el personal de las agencias sanitarias (12,8% más) y del de servicios sociales (2,47% más), mientras que en el resto de entidades el personal ha disminuido un 3,19%. "Si sobran trabajadores, irán a la calle", afirmó Marín, aunque no concretó ninguna cifra. 

Desde su llegada al Gobierno de la Junta a finales de 20218, el PP y Cs adquirieron el compromiso, también con Vox en los diferentes acuerdos de investidura y presupuestarios, de realizar estas auditorías externas. La Consejería de Hacienda resolvió iniciar el expediente de contratación el 21 de octubre de 2019, contratos que se formalizaron en julio del pasado año, por un importe de algo más de 2,8 millones de euros. 

Hasta 66 convenios colectivos

Un año después, las conclusiones más destacas hablan de una "supraestructura desproporcionada" que se ha ido creando alrededor de la propia estructura de la Junta. Algo que ha provocado "duplicidad de funciones y competencias" entre algunos de estos entes, y también entre entidades y la Consejería de la que dependen u otras consejerías ajenas a las mismas.

El informe pone también de manifiesto la "deficiencia en la gestión", lo que en algunos casos ha conllevado "dificultades" para reintegrar a las arcas públicas fondos "mal empleados". Así como problemas de competencias del personal del sector instrumental, que se rigen por hasta 66 convenios colectivos diferentes, 43 de ellos propios y 23 sectoriales. Esto permitía, ejemplificó Marín, que dos trabajadores cobrasen en un caso 16.000 euros de salario y en otro 48.000 euros por hacer el mismo trabajo, pero en entidades diferentes. "Nadie va a volver a entrar a trabajar a la Junta por su nombre, su apellido o su carné político", dijo al respecto el vicepresidente.

Como ejemplo de "gestión ineficaz", Marín destacó el caso del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), que solo gestionó el 3% de las contrataciones en Andalucía, realizando 12 ofertas de empleo por cada 100.000 habitantes, con más del 70% de los demandantes de empleo sin recibir ninguna oferta a través de este organismo. O el del Parque Innovación Empresarial de Sanlúcar la Mayor, con más de 156.000 metros cuadrados, donde no se ha instalado ninguna empresa.

Ante esta situación, las auditorías recomiendan la fusión o extinción de entes para eliminar duplicidades en algunos casos; así como el mantenimiento de otros siempre que se realicen "leves" cambios en su gestión para que resulten eficaces. Estas recomendaciones "no vinculantes" servirán de base para el Plan de Mejora y Simplificación del Sector Público Instrumental, adjudicado ya por 1,7 millones de euros y con un plazo de ejecución de dos años, pero paralizado en estos momentos por el recurso de una de las empresas que presentaron ofertas. 

Este plan será el que finalmente determine cuántos entes se eliminan y cuántos trabajadores son despedidos. Hasta entonces, la Junta, que quiere crear un grupo de trabajo en el Parlamento para abordar las conclusiones de las auditorías, destacó las medidas que ya se han puesto en marcha para reordenar la administración paralela, como la eliminación de 59 entes, la creación de la Agencia Trade, que agrupa cuatro entidades, o la integración en el SAS de las cuatro agencias públicas empresariales sanitarias.