Así es el anteproyecto de ley aprobado en el Consejo de Ministros que permite crear empresas con solo un euro

  • Limitará el acceso a subvenciones a empresas que incumplan los plazos legales de pagos con sus proveedores y generalizará la factura electrónica.
La digitalización es un factor clave para las empresas de nueva creación.
La digitalización es un factor clave para las empresas de nueva creación.
Freepik
La digitalización es un factor clave para las empresas de nueva creación.
La digitalización es un factor clave para las empresas de nueva creación.
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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley de Creación y Crecimiento empresarial, que permite crear empresas con solo un euro. La iniciativa del Gobierno pretende reducir las trabas a los emprendedores que quieran abrir un negocio y, para ello, la medida más importante es la eliminación del requisito de contar con un capital mínimo de 3.000 euros, siguiendo la línea de los vecinos europeos. 

Según fuentes gubernamentales, el Ejecutivo persigue con el anteproyecto de ley 'Crea y Crece' la creación de un marco regulatorio que facilite la creación de empresas en España, reduciendo las trabas tanto regulatorias como financieras a las que se enfrentan los ciudadanos, pero también favorecer su crecimiento y reducir la morosidad. 

La digitalización es uno de los pilares de esta norma. Para abrir un nuevo negocio solo hará falta un capital de un euro y se podrá tramitar de forma telemática de forma que, en cuestión de días se pueda crear una Sociedad Limitada totalmente digital. Para ello, se reforzará el mecanismo para la creación ágil ya existente que es CIRCE y se abrirán nuevos puntos de atención al emprendedor, reduciendo así los plazos. Además, se ampliará el abanico de actividades exentas de licencia comercial para la puesta en marcha de nuevas empresas.

Reducción de la morosidad

El Gobierno pretende también reducir la morosidad mediante la difusión de códigos de buenas prácticas comerciales, campañas de formación y el impulso de la utilización de la factura electrónica entre empresas y autónomos, una herramienta que otorga mayor transparencia y protección a las empresas, pero también con la puesta en marcha de incentivos para cumplir con los plazos de pago efectivos entre empresas. 

Este plazo legal se sitúa actualmente en 60 días y afecta especialmente a pymes y autónomos, que normalmente se ven obligados a aceptar plazos de pago superiores a la media para asegurarse el cobro de sus facturas. Ahora, el Gobierno pretende introducir una modificación en la ley de subvenciones para que las empresas que no cumplan los plazos de pago no pueden acceder a las subvenciones estatales.

La iniciativa, además, pretende facilitar el crecimiento empresarial e incrementar la competencia y la productividad del tejido productivo. Para ello se flexibilizarán mecanismos como el crowdfunding y se llevarán a cabo otras medidas para potenciar instrumentos de financiación del crecimiento alternativos a la financiación bancaria, a la que recurren mayoritariamente las empresas. En concreto, fuentes del Ministerio de Economía citan el capital riesgo y los fondos de deuda cerrado. 

No se recogen en este anteproyecto de ley medidas de "segunda oportunidad", dado que sí se incluyen en el de reforma de la Ley Concursal que supondrá, junto a esta iniciativa y al anteproyecto de ley de startups, "una reforma estructural del tejido productivo para impulsar la creación empresarial", en palabras de la ministra de Economía, Nadia Calviño.

El objetivo: 2022

Esta iniciativa se enmarca en el Componente 13 de 'Impulso a la Pyme', incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a Bruselas, con el que se pretende mejorar la demografía empresarial y el clima de negocios, facilitar la creación y el crecimiento de empresas, impulsar el emprendimiento innovador y la digitalización, atraer talento y capital y reducir incentivos a crear empresas en otros países.

El anteproyecto de ley 'Crea y Crece', una vez aprobado este martes en Consejo de Ministros, se llevará a audiencia pública de forma que antes de final de año culmine su tramitación para que pueda ir al Congreso de los Diputados y en 2022 sea una realidad como proyecto de ley. 

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