Adaptar la protección de los consumidores a los nuevos tiempos y formas de compraventa. Con esta premisa, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes iniciar la reforma de la Ley de Defensa de los Derechos de los Consumidores y Usuarios, que prohibirá la publicidad encubierta en internet, las reseñas falsas y perseguirá la reventa ilegal de entradas. También habilita al Ministerio de Consumo que dirige Alberto Garzón para imponer sanciones de hasta un millón de euros a empresas que protagonicen fraudes masivos.
"La normativa de derechos de las personas consumidoras necesita adaptarse, sobre todo, a las grandes transformaciones como es el consumo online", ha declarado el responsable del ramo, Alberto Garzón, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El Ministerio ha tildado de "avance" la persecución de prácticas que ahora son habituales en las compras por internet y que no están reguladas.
En este sentido, la reforma de la ley, que inicia ahora su tramitación y que recibirá en los próximos meses los informes preceptivos para ser aprobada de nuevo en otro Consejo y pasar a la tramitación parlamentaria en el Congreso, vigilará la reventa de entradas de espectáculos mediante bots, cuando se impida que todos los consumidores puedan acceder al mercado con normalidad. Así, no es poco habitual que las empresas compren entradas en las webs originales y suban su precio para venderlas en otros dominios.
El texto recoge por primera vez la prohibición de la publicidad encubierta en redes sociales, lo que hasta ahora no estaba regulado, y la publicación de reseñas y valoraciones falsas o pagadas por el fabricante. Por ello, los comerciantes deberán garantizar que las reseñas que aparezcan procedan de usuarios que hayan adquirido el bien. Además, también se incluyen controles a los buscadores online cuando den puntuaciones superiores a bienes o servicios a los de una empresa respecto a sus competidores.
Los motores de búsqueda, pues, deberán mostrar los parámetros utilizados para establecer la clasificación de los resultados de las búsquedas. En el caso de que un precio haya sido personalizado para el consumidor, sobre la base de una toma de decisiones automatizada, se deberá informar de ello. El fin es actualizar el concepto de mercado en línea y dotarle de neutralidad desde el punto de vista tecnológico.
El 'dieselgate' como ejemplo
La reforma también habilita al Ministerio de competencias para sancionar a las empresas que protagonicen fraudes masivos que afecten a varios países. Según puntualizan desde la cartera de Garzón, podrá actuar como "autoridad sancionadora" contra las infracciones que afecten a la unidad del mercado, incluso cuando el infractor no esté localizado en España.
Así, el anteproyecto recoge un nuevo régimen sancionador en el que las multas máximas alcanzan el millón de euros, ocho veces el beneficio ilícito obtenido en el caso de infracciones cometidas en España y hasta el 4% del volumen de facturación de las compañías cuando éstas estén fuera de España. Para la cuantificación de la multa se tendrá en cuenta la capacidad económica del responsable, el grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad, el carácter continuado de la infracción, el número de consumidores afectados o el nivel de los daños y perjuicios que hayan sufrido.
"Proteger a los consumidores es crucial", ha detallado Garzón, que ha puesto como ejemplo para sancionar el escándalo del 'dieselgate', un escándalo que se dio a conocer en 2015. Entonces, se descubrió que las emisiones contaminantes de 11 millones de vehículos de Volskwagen podrían emitir hasta 40 veces más partículas contaminantes de lo legalmente aceptado. "Países como Italia y Alemania sancionaron, pero nuestro país no porque carecíamos de instrumentos para hacerlo", ha concluido Garzón.
"Consumo necesitará medios"
Desde Asufin han valorado "positivamente" el dado paso por Garzón y han recordado que es una exigencia suya "desde el primer minuto". Eso sí, la asociación de consumidores han asegurado que el Ministerio "necesitará medios" para ejecutar las sanciones transfronterizas. "Perseguir prácticas desleales en materia de competencia exige una dotación de personal especializado que instruya estos expedientes y no parece que el Ministerio de Consumo cuente con ello", aseguran.
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