El Tribunal de Cuentas ha rechazado la petición de las defensas para ampliar el plazo del que disponen los líderes del 'procés' -entre ellos, los expresidentes de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont y el líder de ERC Oriol Junqueras- y una treintena de exaltos cargos pagar 5,4 millones de euros por lo que considera que son gastos irregulares en la acción exterior del Govern entre 2011 y 2017.
Según ha avanzado la Vanguardia, este organismo considera que el plazo de quince días hábiles que estableció el pasado 30 de junio -que expiran este miércoles 21 de julio- es "razonable y suficiente". Por otra parte, la Generalitat aprobó la creación de un fondo de 10 millones de euros para avalar la fianza.
Si los responsables de los presuntos gastos indebidos no abonan la cantidad reclamada en el plazo fijado, se procederá a embargarles sus bienes. Los 34 excargos de la Generalitat encausados deberán ponerse de acuerdo para abonar el total de 5,4 millones de euros de forma solidaria.
El Tribunal de Cuentas ha fijado un máximo para cada uno de ellos que corresponde a la suma de las partidas con las que los vincula. Sin embargo, la suma de los importes que les atribuye individualmente supera los 5,4 millones de euros. Por tanto, no deberán abonar la cifra individualizada al completo.
2,8 millones a Mas y 1,9 a Puigdemont y Junqueras
La delegada instructora vincula al expresidente de la Generalitat Artur Mas y a su exconsejero de Economía, Andreu Mas-Colell, con el gasto de 2,8 millones de euros. A Carles Puigdemont y Oriol Junqueras con 1,9 millones de euros.
Al exconsejero de Acción Exterior del Gobierno de Puigdemont, Raül Romeva, el Tribunal de Cuentas le responsabiliza de un máximo de 2,1 millones de euros y al ex consejero de Presidencia de Mas, Francesc Homs, 2,9 millones de euros.
Los importes más elevados, que superan los 3 millones de euros, se les atribuye al exsecretario general del Diplocat, Albert Royo, a quien se fija un máximo de 3,6 millones así como el exinterventora general Mireia Vidal, para quien se cifra la fianza en 3,1 millones.
La responsabilidad es solidaria y, por tanto, todos los excargos vinculados a una partida tienen la obligación común de hacerse cargo sin orden de prevalencia. Así, si alguno de ellos no pudiera abonar la fianza, quedaría cubierta por el resto de responsables.
De este modo, el Tribunal de Cuentas pretende asegurar el cobro del importe reclamado por si hubiera personas insolventes. De ahí que la suma de todas las fianzas individuales supere el importe que deberán pagar solidariamente entre todas, que no superará los 5,4 millones de euros.
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