El sector público sigue arrastrando demasiada temporalidad en el sector público. 3 de cada 10 trabajadores de nuestras administraciones son temporales. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo ha vuelto a recordar hace apenas una semanas. En ese contexto, el Gobierno ha firmado recientemente un acuerdo para limitar los contratos temporales en el sector público.

La tasa de temporalidad en las admnistraciones públicas españolas se sitúa en el 30%. Como recuerda Randstad, esta tasa es incluso superior a la del sector privado (23,3%), haciéndolo por octavo trimestre consecutivo.

Tirón de orejas de la Justicia europea

Según el informe “Análisis de la temporalidad en España” de esta empresa de Recursos Humanos, la tasa de temporalidad lleva ocho años creciendo en el sector público, desde el primer trimestre de 2013, donde este porcentaje estaba situado en el 19%. En concreto, actualmente hay más de un millón de trabajadores temporales públicos.

En junio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró que la jurisprudencia española que permite renovar contratos temporales en el sector público a la espera de procesos selectivos sin plazo concreto fijado es contraria al derecho comunitario.

Actualmente hay más de un millón de trabajadores temporales públicos

Tras el pronunciamiento del Tribunal Europeo, a principios de este mes de julio, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública y los sindicatos CSIF, CCOO y UGT firmaron un acuerdo para reducir así la temporalidad en el sector público.

Los interinos del sector público serán indefinidos si el proceso de selección dura más de 3 años

El texto firmado implica limitar los contratos temporales a un máximo de tres años, indemnizar a los interinos que pierdan su plaza con 20 días por año trabajado y hacer fijas más de 300.000 plazas que ahora son temporales.

Los contratos temporales tendrán una duración máxima de tres años y esas plazas tendrán que incorporarse a ofertas de empleo público. El interino, además, tendrá garantía de permanencia en su puesto de trabajo siempre y cuando esté en marcha el proceso selectivo.

Por su parte, las administraciones deberán indemnizar al personal afectado con 20 días por año de servicio y hasta 12 mensualidades cuando extiendan los contratos temporales más allá de los tres años y se extinga su relación laboral.