La 'Fundación Renovables' ha propuesto una serie de líneas de actuación, con el objetivo de fomentar la aceptación de las energías renovables ante el escepticismo surgido en algunas regiones hacia proyectos concretos que, en ocasiones, son percibidos como irrespetuosos con el territorio y el ecosistema.
En el documento al que ha tenido acceso 20minutos, 'Renovables, ordenación de territorio y biodiversidad', se basan en una serie de criterios técnicos, regulatorios y financieros, "para crear una ordenación y una planificación energética en la implantación de las renovables".
El fin no es otro que hallar una vía de implantación que asegure la conservación de los ecosistemas y "que contemple la participación local en la toma de decisiones". "No podemos asumir que el futuro de las renovables no pase por la inclusión territorial y la aceptación social y, en la medida de lo posible, por la participación de la sociedad", inciden.
Así, exponen propuestas de actuación destinadas a reevaluar y mejorar los criterios de implantación, e instan a las comunidades autónomas a desarrollarlas en sus territorios en un plazo de seis meses a través de la definición de una zonificación socioeconómica y ambiental de aplicación obligatoria y vinculante. "Somos conscientes de que puede suponer un retraso en el próximo año, pero, en absoluto, pone en peligro los objetivos para 2030", destacan.
Priorizar el autoconsumo
Uno de los primeros puntos plantea un modelo de "pirámide invertida" en el que se apueste de forma prioritaria por el autoconsumo, "tanto individual como colectivo o de proximidad". De esta forma, señalan, se favorecería la puesta en marcha de iniciativas de tamaño más reducido, "con mayor integración y menor afección en el territorio". Además, consideran que "al menos el 20% de la energía de la subasta debería destinarse a proyectos ciudadanos por implicar una menor alteración del territorio".
Para ello, exigen reservar, "al menos, una capacidad de evacuación para la misma potencia que tiene el municipio (o municipios) donde se va a instalar, para asegurar que si se quiere cubrir esa demanda con autoconsumo individual o compartido se pueda usar esa capacidad reservada". Esto paliaría con la problemática que excluye las peticiones y conexiones para instalaciones con potencia inferior a la contratada. "De hecho, hoy día hay que pedirlo para una instalación de autoconsumo que supere los 15 kW, aunque la potencia a instalar sea inferior que la disponible y contratada como consumidor", apuntan en el escrito.
Asimismo, piden promover rebajas fiscales en el IBI (50% de deducción durante 5 años), ICIO, en el IRPF y en el Impuesto de Sociedades "para aquellas personas físicas y jurídicas que inviertan en instalaciones de autoconsumo propias".
Hibridación entre fuentes
Desde la Fundación destacan también los beneficios de combinar tecnologías de aprovechamiento renovable, "principalmente eólica y fotovoltaica", pues aseguran que permiten complementar la disponibilidad de la energía alternando ambas: la eólica en invierno y la fotovoltaica en verano.
Proponen también primar la "repotenciación", siempre después de haber realizado los estudios de impacto pertinentes, "especialmente cuando las repotenciaciones pueden suponer nuevas intervenciones agresivas en el territorio".
"Debemos maximizar la energía que se puede inyectar a la red apostando por la hibridación de renovables", reiteran, señalando que, si el 10% de la demanda de electricidad estuviese cubierta por el autoconsumo y la hibridación eólica a un 30%, "cubriríamos los objetivos fotovoltaicos en potencia fijados en el Plan Nacional Integrado de EnergÍa y Clima (PNIEC) para 2030".
Cambios en la regulación
Otra de las propuestas plantea a las comunidades autónomas es la creación de una "planificación energética territorializada" que defina aquellas zonas más sensibles -en el ámbito socioeconómico y/o ambiental- para la implantación de renovables a escala local y regional. Y es que, según apuntan, actualmente "no existen criterios de ordenación vinculantes que indiquen cuáles son las áreas más propicias, por un menor desgaste ambiental, para la instalación de dicha potencia renovable".
De hecho, en el documento señalan a la "regulación actual" como una de las causas originarias del impacto medioambiental y socioeconómico que ha supuesto para muchos territorios la implantación de esta tecnología. Según denuncian, la norma que rige ahora, no fija límites en los elementos de configuración de las iniciativas, ni en los tamaños, ni en la disponibilidad y cambio de uso del terreno afectado, "ni en el necesario pacto con la administración y la ciudadanía local".
"La propuesta es crear la base de la redacción para noviembre y, posteriormente, durante la edición, desarrollar un proceso de participación pública (de 3 meses de duración) y que quede aprobado a finales de marzo de 2023", declaran.
"Es práctica habitual buscar la ejecución en fincas de gran tamaño, lo que implica ampliar todavía más la brecha económica existente en el medio rural"
Asimismo, consideran necesario revisar el PNIEC antes de enero de 2022, para incluir una cláusula adicional que contenga "una sectorización de la potencia a instalar, con una zonificación económica vinculante y un análisis de los impactos en el territorio, entre otras medidas". En definitiva, definir y planificar los espacios necesarios y disponibles para cumplir los objetivos.
Líneas rojas en el uso del terreno
En ese ámbito, plantean también regular de forma "estricta y limitante" la utilización máxima de terreno para cada instalación, de no más del 30% de la Superficie Agraria Útil (SAU). "Es práctica habitual buscar la ejecución en fincas de gran tamaño, que en muchos casos sirven como fuente de contratación de labores específicas, lo que implica ampliar todavía más la brecha económica existente en el medio rural. Las tierras que salen del circuito agrario no vuelven a ser productivas y el sentido de pertenencia se pierde", explican.
Por ello, piden priorizar el uso de suelo degradado, como suelo urbano o industrial consolidado, suelo urbanizable (urbano o industrial), zonas de suelo rústico o no urbanizable afectadas por actividades mineras y extractivas, vertederos u otros usos intensivos del terreno o zonas de suelo rústico o no urbanizable. "Las Comunidades Autónomas deberán mapear para identificar aquellas áreas de suelo degradado que deben tener una mayor prioridad para acoger instalaciones, frente a otros emplazamientos más vulnerables", exigen.
Concentración de promotores
"Las renovables, al ser distribuidas, son de todos y todas y no podemos basarnos en un modelo energético que las convierte en un producto financiero cuyo único interés es la generación de rédito económico y financiero para el inversor o participante en cada etapa de desarrollo", reza el documento.
Por esta razón inciden en establecer límites en los diferentes nudos y exigir la colaboración entre promotores en zonas con desarrollos fotovoltaicos "próximos" (menos de cinco kilómetros), "para garantizar el análisis global del entorno y evitar la exclusión y un mayor impacto".
Ordenación e integración local
Proponen el establecimiento de una renta de igual valor al pactado con el propietario del terreno, con un valor mínimo de 600€/MW/año, para ser percibida por los distintos municipios afectados.
Plantean también la creación de un Fondo Provincial para la Biodiversidad y Desarrollo Social (FPBDS), con carácter provincial, "que destine los fondos obtenidos de la fiscalidad a avanzar en el desarrollo social y económico y en la conservación de los ecosistemas".
Así, junto con otras medidas, creen que debería abrirse la posibilidad de que personas y entidades de la zona puedan adquirir hasta un 25% de participación en la inversión, en condiciones de igualdad con los promotores.
Contra la especulación
El último punto se centra en una serie de cláusulas de anti especulación y de limitación de actuaciones administrativas. "No pretendemos limitar las libertades que los mecanismos de mercado tienen en la prestación de servicios y en la transmisión de activos, pero es claro que si el valor se origina por actos administrativos que van a afectar a la comunidad estos deben tener un efecto redistributivo de las ganancias", justifican.
Así, abogan por el establecimiento de un aporte, a los diversos FPBDS, de las plusvalías alcanzadas por la transmisión de las promociones, según su grado de
avance: el 50% de la plusvalía para las que no han iniciado la construcción y el 20% a las transmitidas una vez iniciada la construcción. También proponen fijar un límite al total que una empresa o grupo se pueda adjudicar, y reservar al menos un 20% de la potencia para proyectos de energía ciudadana.
Pretenden también paliar con la "expropiación forzosa" en iniciativas que no tengan cubierto el 80% de la superficie afectada, así como la expropiación para la construcción de redes, que consideran debería tener un límite del 20% de apoyos. Asimismo, contemplan procedimientos de protección "para proyectos específicos y para aquellos que estén situados en zonas degradadas o de interés general".
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