El Departament d'Interior reforzará el dispositivo policial que velará por el cumplimiento del toque de queda nocturno en 161 municipios catalanes (son tres más que los 158 anunciados el pasado miércoles por el president Pere Aragonès, al añadirse Altafulla, Santa Cristina d'Aro y Caldes d'Estrac).
El conseller Joan Ignasi Elena ha explicado este jueves en rueda de prensa junto a la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, y al conseller de Salut, Josep Maria Argimon, este refuerzo del Pla d'Estiu de vigilancia policial, que ganará 300 agentes y 113 dotaciones más que trabajarán las noches del jueves al domingo en los lugares en los que se pueden acumular más infracciones del confinamiento nocturno de 1 a 6 horas que la Generalitat ya ha solicitado aplicar este jueves al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que tendrá que avalarlo al afectar a derechos y libertades fundamentales.
En concreto, se desplegarán sobre el terreno 17 dotaciones más de orden público (con 100 agentes), 61 más de seguridad ciudadana (con 130 agentes) y otras 35 más de paisano, con 70 agentes, las noches de los jueves a domingos entre las 22 horas y las seis de la madrugada, cuando decae el toque de queda nocturno.
Elena ha indicado que estos dispositivos policiales serán conjuntos con las policías locales y los ayuntamientos implicados, que lo reclamaban al verlo una medida "más gestionable", y que se han mostrado dispuestos a colaborar con las diferentes policías, ha puesto en valor el conseller. Interior ya está trabajando intensamente con los diferentes consistorios para coordinar la estrategia de aplicación de este plan de vigilancia y seguridad, que supone acumular 75.000 horas extras entre los efectivos policiales catalanes.
"Nuestra obligación como Govern es anticiparnos al riesgo y a la situación", ha declarado Elena, y "esta medida de confinamiento nocturno prevé estos dispositivos policiales coordinados", ha añadido.
Interior ha solicitado a los servicios jurídicos analizar la sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional el primer estado de alarma decretado por el Gobierno entre el 14 de marzo y el 21 de junio de 2020 para luchar contra el coronavirus para ver si afecta a las multas que se han impuesto a ciudadanos que se saltaron las restricciones. Durante el primer estado de alarma, se abrieron en Cataluña 63.626 procedimientos sancionadores, de los que 23.078 ya han sido cobrados.
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