El Parlamento Europeo fue un clamor contra Viktor Orbán. La Eurocámara ha pedido a la Comisión la congelación de los fondos de recuperación a Hungría y que inicie acciones legales si el Gobierno de Fidesz no retira la ley anti LGTBI, el último paso de la deriva iliberal y contraria al estado de derecho. Todos los grandes grupos del Parlamento votaron a favor de esa resolución, pero hubo una excepción llamativa: el PP español, en bloque, se abstuvo, y solo Esteban González Pons se posicionó en contra de la deriva húngara.
Pero, ¿cuál es el motivo de esta abstención? El partido asegura que el bloqueo de fondos perjudica "a la población húngara" y no al Gobierno de Orbán en sí, de ahí su posición. Esto en todo caso contrasta con las duras críticas del PPE durante el debate en Estrasburgo. "Hay que aplicar el artículo 7 y si no funciona habrá que iniciar un movimiento político", aseguraron desde el grupo.
La realidad es que los eurodiputados ven en la norma anti LGTBIQ "un ejemplo intencionado y premeditado más del desmantelamiento gradual de los Derechos fundamentales en Hungría", según el texto adoptado por el pleno. La mayoría contra Orbán fue aplastante: 459 votos a favor, 147 en contra y 58 abstenciones. En ese escenario la postura del PP quedó casi en tierra de nadie. Orbán si recibió el apoyo explícito del grupo que suma a las fuerzas de ultraderecha, el ECR, del que forma parte Vox.
En el texto, la Eurocámara alerta de que las acciones patrocinadas por el Estado contra el colectivo LGTBI y otras campañas de desinformación no son un hecho aislado sino que se han convertido en herramientas habituales para imponer "censura política" en el país, una deriva que Orbán inició con su vuelta al poder en 2010. La ultraderecha, en cambio, considera que la UE "no puede meterse en cómo se tiene que educar a los hijos" y alertó de que en Bruselas hay "falta de democracia".
Durante el pleno en el Parlamento Europeo se mostraron también los detalles de un informe encargado a expertos externos sobre la posibilidad de la congelación de fondos a Hungría. Uno de los motivos, según el informe del que la española Eider Gardiazábal es ponente, es la falta de transparencia en la gestión de las ayudas por parte del Gobierno de Orbán. No queda claro que el dinero tenga efectos directos (y evidentemente positivos) en la ciudadanía.
"Precisamente por eso no se entiende la postura del PP español, que además dista de otros partidos que forman parte del mismo grupo. Es ponerse de perfil", aseguran fuentes consultadas por 20minutos. Socialistas, liberales o verdes sí dieron su apoyo sin fisuras a la resolución. "Los derechos LGTBI son derechos humanos e ir contra ellos es ilegal", sostuvo rotunda la líder de los socialdemócratas, Iratxe García.
En este sentido, la Eurocámara defiende que la situación en Hungría permite actuar en el marco de la condicionalidad que prevé el presupuesto europeo para congelar fondos en caso de que el país receptor vulnere el Estado de derecho y pone en duda que el plan de recuperación presentado por Budapest para recibir ayudas del fondo poscovid respete las reglas de la UE.
La Comisión endurece su postura
Por lo pronto, Bruselas trabaja desde la tramitación de la ley por parte del Parlamento húngaro en la base legal con la que armar el caso y poder lanzar un procedimiento de infracción por violación del Derecho comunitario y valores fundamentales de la UE, pero pese a las señales este paso no se ha concretado aún formalmente.
El aviso de la Comisión no puede ser más claro, frente a las posturas titubeantes que adoptó en otros casos pasados. "Si Hungría no corrige el tiro, la Comisión hará uso de los poderes que le confiere ser guardián de los Tratados. Seamos claros, hacemos uso de estos poderes sea cuál sea el Estado miembro que infringe el Derecho europeo", dijo Von der Leyen. Y el Parlamento Europeo lo apoya. Orbán, mientras tanto, se defiende, pero cada vez más esquinado y sin casi escapatoria.
Comentarios