Un informe de Sos Racismo denuncia que en Cataluña hay un protocolo para vigilar a la población musulmana que se basa en un conjunto de operativas que "no son públicas ni se publicitan", según ha explicado la investigadora Salma Amazian en la presentación del estudio 'Islamofobia institucional y securización'. 

El estudio concluye que las personas musulmanas se sienten "vigiladas y criminalizadas" tanto por los discursos políticos como por las normativas y protocolos implantados en el contexto catalán, ya sea en el ámbito de policía de proximidad o de escuelas, servicios sociales y sanidad. "Todos sienten que la seguridad es para otros y contra ellos, todos se sienten percibidos y tratados como el principal peligro para la seguridad nacional", afirma el documento.

El documento sostiene que discursos políticos y mediáticos, leyes, normativas y protocolos, actuaciones policiales, dinámicas judiciales, actividades de agentes sociales y educativos de diversas instituciones conforman un "entramado institucional" que "materializa la islamofobia estructural y sistémica en forma de criminalización, vigilancia, exclusión y violencia que condena a las personas musulmanas o consideradas como tal a unas condiciones de vida más precarias en el contexto español y su expulsión simbólica, política, y física del territorio y la identidad".

El Estado, en el marco de su política antiterrorista, hace uso de la legislación coercitiva existente, como la Ley de Seguridad Ciudadana y el Código Penal, “bajo una narrativa islamófoba, abriendo la puerta a la discriminación contra la población musulmana y otros colectivos”, señala el documento. “Las personas musulmanas se han convertido en un chivo expiatorio y han sido catalogados como el peligro más grande para la seguridad nacional”, denuncia.

Exponen que los cuerpos policiales visitan las mezquitas sin previo aviso, controlan y preguntan sobre las personas que asisten y piden las grabaciones de las cámaras de seguridad

Legislación y policía 

El informe hace un repaso de la legislación antiterrorista que “articula una estrategia policial y judicial con la vigilancia ciudadana y la colaboración de agentes civiles”. En este sentido se cita el pacto estatal anti yihadista de 2015, el código penal de 2015 o la ley mordaza. Denuncian que se puede “justificar una investigación" con "la mera expresión de ideas”.

En lo relativo al poder judicial, mencionan que la Audiencia Nacional considera que la amenaza más grande para las democracias occidentales es el "terrorismo internacional de tipo yihadista". Apuntan a que a la Fiscalía de la Audiencia Nacional las investigaciones por terrorismo representan un 40,37% del total de las diligencias previas de 2019.

Denuncian la vigilancia policial continuada de los espacios de culto. Exponen que los cuerpos policiales visitan las mezquitas sin previo aviso, controlan y preguntan sobre las personas que asisten y piden las grabaciones de las cámaras de seguridad.

“Las personas musulmanas se han convertido en un chivo expiatorio y han sido catalogados como el peligro más grande para la seguridad nacional”, denuncia la entidad 

Educación

En lo respectivo a los centros educativos, el informe se fija especialmente en el Protocolo de Prevención, detección e intervención en procesos de radicalización islamista (PRODERAI), vigente desde 2015 en Cataluña, que en el curso 2016-2017 exponen que formó a 5.579 profesionales del Departament d'Educació contra radicalización islamista.

“Se instala la idea de que los musulmanes son un peligro y de que Europa está en peligro constante, lo que se traduce en una vigilancia sobre los estudiantes musulmanes”, critica el informe. El documento asegura que se trata de un “protocolo de criminalización de la población musulmana” porque genera una “sospecha constante que recae sobre la población musulmana” que “afecta a todos los sectores y a todas las edades”.

La entidad considera que es “urgente” revisar la actividad policial y judicial en el marco del terrorismo con el objetivo de buscar “justicia y reparación” para todas las personas, familias y comunidades que se han visto afectadas por estas actuaciones ya sea porque han sido acusadas, encarceladas y estigmatizadas injustamente o porque el clima de vigilancia y sospecha les ha privado de la tranquilidad y la seguridad, del derecho a una vida digna.

El informe se fija especialmente en el Protocolo de Prevención, detección e intervención en procesos de radicalización islamista (PRODERAI), vigente desde 2015 en Cataluña

"Al final lo que se ha de pedir es dar cuatro pasos hacia atrás en todo este proceso de ampliación de lo que es terrorismo y todo este relato securitario que impera en la política", ha reclamado Amazian. Hacer estos cambios no cambiará la dimensión estructural de la islamofobia, ni tan solo desde el punto de vista institucional, reconoce el escrito, pero considera que “sí que permitirá imponer el cese de una deriva autoritaria que de momento es impune”.

Abrir un debate público

Amazian ha situado el informe en la voluntad de la entidad de "generar un debate público sobre la islamofobia", ya que las entidades que lo denuncian no reciben apoyo. El informe denuncia que las organizaciones de personas musulmanas, sea cual sea el núcleo que las aglutina, reciben “muy poco apoyo” tanto de las instituciones como de otras organizaciones de la sociedad civil. Por eso considera “primordial” pensar en estrategias de apoyo y trabajo conjunto, así como situar la islamofobia en las agendas políticas de todas las organizaciones antirracistas o en vías de serlo.

La investigación se ha hecho a partir de 26 entrevistas a políticos, técnicos, agentes sociales y expertos; dos grupos de discusión en Barcelona y uno en Madrid con participantes musulmanes de 20 a 50 años; entrevistas a trabajadores de la Fiscalía de delitos de odio de Barcelona, el Síndic, la Xarxa Antirumors del Pla d'Interculturalitat de Barcelona y el Pla Municipal contra la Islamofobia, y dos grupos de discusión con activistas.