En un comunicado, el Ayuntamiento de Martos subraya que el informe establece que la corporación cumple con la normativa vigente en materia de transparencia y reúne los requerimientos legalmente establecidos, habiendo sido esta documentación proporcionada en tiempo y forma por los servicios municipales.

Estas tareas de fiscalización se han desarrollado básicamente durante el año 2020 y en buena parte incluso durante el periodo de confinamiento. De hecho, buena parte de la documentación necesaria y solicitada ha sido obtenida directamente por parte del equipo auditor del Portal de Transparencia Local.

"En cuanto al cumplimiento de la legalidad, la opinión recogida en el informe indica que, las actividades, operaciones presupuestarias y financieras, y la información reflejada en las cuentas anuales del ejercicio 2018 resultan conformes, en todos los aspectos significativos, con la normativa aplicable a la gestión de fondos públicos", recoge el propio informe.

A principios de marzo la Comisión de Hacienda ya abordó y analizó el informe provisional de la Cámara de Cuentas donde se informó públicamente sobre el resultado de este informe.

El objetivo de la misma ha consistido en revisar determinados aspectos de la Cuenta General del Ayuntamiento para emitir unas conclusiones en materia financiera en términos de seguridad jurídica limitada y opinar sobre el cumplimiento de la normativa que debe aplicar la entidad auditada en términos de seguridad razonable con el objeto de seguir mejorando la gestión municipal y adecuarla, en su caso, a las modificaciones normativas que se van incorporando en el día a día.

De este modo, se han establecido conclusiones y recomendaciones en materia de fiscalización financiera en materia organizativa, presupuestarios, de control interno, de personal, de deuda con acreedores ordinarios o con otras administraciones públicas y endeudamiento financiero, tesorería o de estabilidad presupuestaria y cumplimiento de la regla de gasto.

El informe incluye algunas recomendaciones en materia de revisión financiera, así como de gestión y técnica presupuestaria que incluso habían sido subsanadas con anterioridad a la remisión del Informe durante los ejercicios 2019 y 2020 y otras consideraciones en materia de personal como la calificación de un importante número de trabajadores como indefinidos no fijos el 1 de enero de 2015, durante la etapa de Gobierno del PP-PA, y que la entrada en vigor de la Ley 3/2017 dificulta su encaje legal o la disparidad entre el número de plazas dotadas presupuestariamente y de vacantes.

En cualquier caso, el Ayuntamiento incide en que ya se está trabajando en estas cuestiones con la revisión del organigrama y la RPT, a través de una empresa consultora especializada y que recientemente se ha adjudicado el contrato.

En esta línea, también se hace una lectura en relación al número de contratos temporales financiados a cargo del presupuesto para el desempeño de los servicios de competencia municipal, algo que es conocido y sabido por el Ayuntamiento, ya que "forma parte de su política social de empleo y ayuda a las familias a través de las contrataciones de emergencia social mediante contratos, en su gran mayoría, de 15 días o un mes y que permite dignificar mediante el trabajo la ayuda social que su Ayuntamiento puede prestarles".

En términos de similitud hacen mención, en algo también conocido, como son los complementos de productividades de la Policía Local, ya que hace referencia al ejercicio 2018 y entonces no existía el Parque de Bomberos, pero "a día de hoy puede también sumarse a esta línea de actuación y de petición de reforma".

El Consistorio ha resaltado que, en términos generales y con las salvedades expresadas, el informe "considera que las actividades, operaciones presupuestarias y financieras, y la información reflejada en las cuentas anuales del ejercicio 2018 resultan conformes, en todos sus aspectos significativos, con la normativa aplicable a la gestión de fondos públicos".

El Ayuntamiento ya está trabajando en dotarse de normativa propia que regule la información y los documentos que han de formar parte de los expedientes de personal individualizados y en el diseño de sistemas de control que garanticen la custodia y acceso restringido a los mismos o en dotarse de un módulo informático de contabilidad patrimonial en el sistema de gestión contable, así como de un manual de procedimientos de tesorería.

No obstante, aunque la Cámara recomienda la supresión de la caja del Servicio Municipal de Gestión y Recaudación, el gobierno local lo rechaza porque "sería suprimir un servicio público de confianza y cercanía a la ciudadanía que prefiere realizar sus gestiones y pagar sus recibos en el propio Ayuntamiento que en las entidades financieras colaboradoras por razón de esperas, horarios, entre otros".

En este punto, el Ayuntamiento ha señalado que aunque a raíz de la pandemia "se ha limitado en un altísimo índice el pago en efectivo y sustituido por el pago con tarjeta, no hay que perder de vista que aún existe una enorme brecha digital por razón de edad y el alto número de personas mayores que residen en la zona del casco antiguo".