La consejera de Igualdad y portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña, ha informado de este acuerdo este viernes en rueda de prensa, en la que se ha referido a que se ha tenido algunos "problemas" con el sistema actual.

Por ello, con la nueva regulación, se pretende garantizar la oferta de los servicios de transporte de viajeros en la región al 100 por cien en todos los municipios, no suprimir servicios y garantizar la estabilidad de las empresas, la gran mayoría de ellas extremeñas.

También se trata de aplicar un modelo de transporte que responda a una demanda "más atractiva" para la ciudadanía, atendiendo a sus necesidades, reduciendo los tiempos de viaje y adecuando los itinerarios a las necesidades personales de los ciudadanos que usan el transporte público.

SISTEMA "A LA DEMANDA"

Con el decreto ley aprobado este viernes por el Consejo de Gobierno se adoptan medidas de "extraordinaria y urgente necesidad" orientadas a establecer el régimen de prestación a la demanda y a garantizar el equilibrio económico de los servicios de transporte público regular de uso general de viajeros por carretera sometidos a obligaciones de servicio público, en el contexto actual de crisis sanitaria.

El decreto ley tiene como objetivo ajustar la prestación de los servicios de transporte público regular de uso general por carretera a las actuales circunstancias mediante la creación del régimen de transporte a la demanda, además de asegurar el equilibrio económico de su gestión por medio de compensaciones financieras que inyecten liquidez a las empresas y faciliten la cobertura de los gastos necesarios para garantizar la continuidad y regularidad de tales servicios.

El régimen de transporte a la demanda, ha defendido la Junta, es una "fórmula adecuada" para conciliar la garantía de una "oferta digna" de transporte público, sometida a obligaciones de servicio público, con el proceso de recuperación de la actividad de circulación y desplazamiento de la ciudadanía, acorde con el ritmo de las medidas que puedan adoptarse en el contexto de la superación definitiva de la crisis sanitaria a corto y medio plazo.

La articulación del régimen de transporte a la demanda supone, básicamente, incorporar al actual esquema de ejecución de servicios interurbanos por carretera un "ingrediente de flexibilidad" que permite que sea la elección del usuario la que conforme y determine la realidad de la prestación, a diferencia del sistema general, en el que la oferta de la empresa prestataria adquiere el protagonismo del ejercicio de la actividad.

Para la implementación de este régimen son fundamentales tres pilares que, según el Ejecutivo regional, son la demanda de la persona usuaria, la solicitud de las empresas operadoras y el procedimiento que asegure la coordinación de la demanda del transporte con la oferta de servicios de la empresa concesionaria o autorizada.

El régimen de transporte a la demanda podrá aplicarse, dentro del espacio físico atendido por la empresa operadora, a todos o alguno de los servicios, zonas geográficas o localidades comprendidas en el ámbito territorial de gestión.

En esta línea, y a preguntas de los medios, la consejera de Igualdad y portavoz de la Junta ha informado de que el nuevo sistema que pondrá en marcha en Extremadura "no tendrá nada que ver con lo que estaba establecido hasta ahora".

Así, ha abundado en que con la nueva regulación se trata de "no quedar a ningún pueblo fuera", de dar una "estabilidad" a la parte de las empresas que gestionan la Obligación de Servicio Público, así como mejorar la "demanda real" de los usuarios respecto de los tiempos.

Este decreto, como ha avanzado, tendrá que ser ratificado en un mes en la Asamblea de Extremadura y será la consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda, Leire Iglesias, quien explique la "letra pequeña" del mismo.