En concreto, y según han informado a Europa Press fuentes judiciales, tras la recepción de la querella en el juzgado en funciones de guardia aquel 17 de marzo, el pasado 4 de mayo, el Juzgado de Instrucción número once remitió un escrito a la Fiscalía de Sevilla, en demanda de que dicha instancia emita su correspondiente informe.

La querella se dirige contra la ex delegada del Gobierno central en Andalucía Sandra García; el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Carlos Toscano; el alcalde hispalense, Juan Espadas; y su edil de Gobernación, Juan Carlos Cabrera, a quienes Vox acusa de diversos delitos por entender que con el citado despliegue policial, "desorbitado" a juicio de este partido, fue "impedido el acceso libre" de la ciudadanía a la Plaza Nueva.

EXPEDIENTE SANCIONADOR CONTRA EL PROMOTOR

En paralelo, según figura en una respuesta parlamentaria del Gobierno central a Más País y recogida por Europa Press, la Subdelegación del Gobierno en Sevilla "ha abierto expediente sancionador contra el promotor de la concentración", el portavoz de Vox en Dos Hermanas y asesor de la formación en la Diputación, Adrián Trashorras, "porque no se comunicó como tal, sino como una rueda de prensa".

"La apertura del expediente se ha acordado tras los informes emitidos por la Comisaría Provincial de la Policía Nacional en Sevilla y la Delegación de Gobernación y Fiestas Mayores del Ayuntamiento hispalense, que coinciden en afirmar en dichos informes que el acto fue finalmente una concentración", sostiene el Ejecutivo, respecto a la situación suscitada ese día al asistir numerosas personas al mencionado acto de Santiago Abascal.

"ACUMULACIÓN" DE PERSONAS

Según la Subdelegación, "la rueda de prensa comunicada por el promotor de la misma devino en una acumulación de más de 100 personas, lo que sin duda supone una concentración de la prevista en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión, y, en consecuencia, se debió de comunicar conforme a dicha Ley, y no como una rueda de prensa".

"El acto no contaba con autorización alguna para su celebración, teniendo además que intervenir la Policía Nacional y la Policía Local para crear un cordón y evitar que se incumplieran las medidas sanitarias impuestas ante la propagación de la pandemia", indicaba además la Subdelegación.

Vox, de su lado, alega que el día previo al acto comunicó a las autoridades "por el procedimiento de urgencia previsto en la Ley, que a la rueda de prensa acudiría público", mientras la Subdelegación sostiene que Vox registró "un escrito "fuera de plazo y del mecanismo formal de este procedimiento" dando cuenta de "que se iba a celebrar una rueda de prensa en la que podría haber afluencia de personas".