El juzgado considera como hechos probados que en los primeros meses del año 2009, contrató a una persona para redactar el Proyecto Básico y de Ejecución para Centro Rural Polivalente de Recursos para Personas Mayores del Ayuntamiento de Ribera de Arriba. El importe del contrato ascendía a 60.000 euros, más 9.600 de IVA.

El acusado llevó cabo la contratación verbalmente, sin ningún tipo de expediente administrativo ni de procedimiento de selección, de forma personal y directa, atendiendo a su mera voluntad personal en la elección de la persona a contratar, con pleno conocimiento de que con ello vulneraba los principios de libre concurrencia, igualdad y transparencia.

De esta forma, el citado proyecto fue entregado el 18 de mayo de 2009 y la factura fue presentada en junio de 2010. Entonces el Interventor municipal formuló una nota de reparo, que fue levantado por el acusado mediante decreto el 28 de junio de 2010.

Según la normativa vigente, la adjudicación de los contratos que celebren las administraciones públicas se debe realizar ordinariamente, utilizando el procedimiento abierto o el procedimiento restringido, estableciendo determinados supuestos en los que podrá seguirse el procedimiento negociado y el diálogo competitivo.