Hacienda fue uno de los departamentos que más reparos puso a este planteamiento, alegando que dejaba "sin resolver" el problema de la deuda millonaria de las instituciones y proponiendo que se enmarquen en el Sector Público Instrumental (SPI).

Pero ahora, Economía plantea una solución definitiva: "cancelar las cuentas acreedoras" que se crearon cuando la Generalitat se subrogó la deuda de las instituciones -474 millones de Feria Valencia y 76 millones de IFA-, y por las que ambas siguen figurando como deudoras.

Desde el punto de vista legal, se remite al Decreto ley 7/2017 por el que el Gobierno valenciano se subrogó la deuda y apunta que esta queda "ampliamente compensada" desde el momento en que la Generalitat es titular de los terrenos, edificios e instalaciones de Feria Valencia -mediante la fórmula de la mutación demanial acordada con el Ayuntamiento-, y tras aceptar la dación en pago de los inmuebles de IFA.

"La Generalitat ya puede en ambos casos disponer de las instalaciones necesarias para el ejercicio de sus competencias, lo que hace innecesarias e injustificadas las cuentas acreedoras y se debe proceder a su cancelación", argumenta Economía.

Así lo recoge en su propuesta final del Decreto-Ley para refundar las instituciones feriales y que ha remitido este martes a la Abogacía de la Generalitat, junto a las alegaciones recibidas y la respuesta que se ha dado a cada una de ellas. La Abogacía deberá ahora valorar la viabilidad jurídica del texto.

En cuanto a las críticas de Hacienda que sostiene que "no existe cobertura legal para la realización de aportaciones directas al patrimonio de estas entidades, a fondo perdido, para compensar pérdidas o fortalecer su solvencia porque las Corporaciones de Derecho Público son un tercero privado para la Generalitat", Economía recuerda que en épocas de crisis, no es condicionante básico ser del Sector Público Instrumental para recibir ayudas de las que se benefician autónomos, pymes y grandes empresas.

SIN DUPLICIDAD DE FUNCIONES

El 'contrainforme' a las alegaciones que firma el subsecretario de Economía Sostenible, Natxo Costa, descarta también "duplicidad o solapamiento" de funciones con las Cámaras de Comercio y reivindica la potestad de representar y promocionar los intereses generales de los sectores empresariales exportadores que "no están sometidas a ninguna exclusividad".

Por contra, entre las alegaciones presentadas que se aceptan, se incluye una de la Conselleria de Justicia para crear una unidad administrativa, con rango de prefectura de servicio, encargada de asumir las funciones que el encargue el órgano tutelar de las corporaciones de derecho público competencia de la Generalitat, y que ha de estar dotado de personal funcionario técnico y administrativo suficiente.