Nueve personas han sido detenidas este lunes durante el registro del Ayuntamiento de Arrecife, en Lanzarote, en una operación anticorrupción contra concejales, funcionarios y empresarios del Consistorio, entre ellos varios políticos del PIL (Partido de Independientes de Lanzarote), informó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Se les imputan delitos contra la Administración Pública, cohecho, prevaricación

Entre los detenidos se encuentra el líder del PIL, Dimas Martín, que está en prisión cumpliendo una pena de 8 años por malversación de caudales públicos y por delitos contra Hacienda y la Seguridad Social. Otro de los arrestados es Segundo Rodríguez, ex vicepresidente del Cabildo de Lanzarote y que fue secretario general del PSC-PSOE de Lanzarote, indicaron fuentes de la investigación.

La Guardia Civil no descarta nuevas detenciones en el marco de la operación Unión, que está bajo secreto de sumario y aún continúa abierta.

A los detenidos se les imputan delitos contra la Administración Pública, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, exacciones ilegales y contra la ordenación del territorio.

Entre los arrestados se encuentran también el primer teniente Ubaldo Becerra (PIL), el concejal de Urbanisno y Hacienda, José Miguel Rodríguez (PIL), el ingeniero jefe de la oficina técnica municipal, Rafael Arrocha, y la jefa del servicio de contratación del Ayuntamiento, Elena Martín (PIL), hija de Dimas Martín.

Los agentes "tomaron" las instalaciones del Consistorio sobre las 10 de la mañana y desalojaron a los ciudadanos, aunque los trabajadores permanecieron dentro del edificio.

Cobro de comisiones ilegales

Además del Ayuntamiento, la casa y la celda de Dimas Martín, también se registraron empresas y domicilios de los principales imputados en esta operación.

Se registraron empresas y domicilios de los principales imputados

Según la Guardia Civil, la investigación ha permitido desarticular "una importante trama organizada" dedicada al cobro de comisiones presuntamente ilegales a empresarios cuyos intereses económicos "dependen en buena medida de decisiones administrativas que están en manos o bajo la esfera de influencia de los cargos y ex cargos públicos pertenecientes a la organización".

Así, la Guardia Civil cita "el pago de facturas por servicios prestados a la administración, adjudicación de contratos y concesión de licencias".

La red, investigada desde hace más de un año, se ha desarticulado a raíz del cobro de una de estas comisiones por uno de los intermediarios de la organización, que fue detenido in fraganti con 100.000 euros en efectivo.

La Guardia Civil también investiga una supuesta manipulación de la adjudicación del avance del Plan General de Ordenación Urbana de Arrecife.