Benjamín Ben-Eliezer y Salah Shehade
El ex ministro de Defensa Benjamín Ben-Eliezer (i) ha sido imputado por la Audiencia Nacional por la muerte, entre otros, del presunto líder de Hamás, Salah Shehade (d). (ARCHIVO). ARCHIVO

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu seguirá instruyendo la querella que varias asociaciones interpusieron contra Israel por un ataque a la franja de Gaza en 2002 en el que murieron un líder de Hamás y 14 civiles, tras rechazar la petición de la Fiscalía para que archivara la causa.

En un auto, el magistrado defiende la competencia del tribunal español diciendo que no consta que la Justicia israelí investigara los hechos y añade que, aunque lo hubiera hecho, de la Convención de Ginebra se desprende la competencia "concurrente" de la Audiencia Nacional, dada la naturaleza de los delitos investigados (crímenes de guerra).

El pasado 29 de enero Andreu imputó al ex ministro de Defensa de Israel Benjamín Ben-Eliezer y a seis militares de ese país un delito contra la humanidad por un ataque "desproporcionado" en la franja de Gaza el 22 de julio de 2002, en el que murieron el dirigente de Hamás Salah Shehade y catorce civiles -la mayoría niños y bebés- y resultaron heridas otras 150 personas.

Petición de archivo

La Fiscalía pidió el pasado 2 de abril el archivo provisional de la investigación, al entender que de la documentación facilitada por Israel al tribunal se desprende que aún se están investigando estos hechos, lo que se traduciría en la falta de competencia de la Justicia española.

A esta petición se opusieron los querellantes, la Asociación Al-Quds de Solidaridad con los Pueblos del Mundo Árabe y el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, que criticaron a la Fiscalía por avalar la decisión del Ministerio Público israelí de no investigar el ataque por considerar que se trató de una acción militar "ajustada a Derecho".

El juez Andreu coincide con estas asociaciones al concluir que, aunque el caso llegó hasta el Tribunal Supremo israelí, éste se limitó a dar por buena "la decisión de la Fiscalía Militar de no abrir una investigación criminal referida a la operación militar llevada a cabo el día 22 de julio de 2002 en la ciudad de Gaza".