El concejal del PSC de L'Hospitalet de Llobregat Jaume Graells ha explicado este miércoles a la jueza que investiga supuestas irregularidades contables en el Consell Esportiu local que cuando él denunció el caso a la alcaldesa, Núria Marín, se sintió "traicionado" y "muy marginado", ya que vio que no le apoyaba y que amparaba presuntamente a los responsables de las irregularidades. 

A preguntas de la instructora, Graells ha criticado la "pasividad total" de Marín, que está investigada en la causa y está previsto que declare viernes en el juzgado. Este miércoles estaban citados una decena de testigos, aunque dos vocales del Consell han pasado a ser investigadas y lo harán más adelante.

Según han explicado fuentes jurídicas, la jueza y la fiscal, así como la acusación popular, se han centrado en intentar aclarar el papel y la postura de Marín a partir del 3 de febrero de 2020, cuando Graells le denunció el caso y le aportó alguna documentación que evidenciaría las irregularidades.

También ha declarado como testigo el auditor, que ha explicado que sólo pudo hacer una tercera parte de su trabajo, ya que la Policía Nacional intervino toda la documentación contable. Así, no pudo analizar ni la contratación de personal ni las diferencias en las actas de las asambleas donde se aprobaron las cuentas, que eran de unos 400.000 euros en el caso del acta presentada en el Ayuntamiento de L'Hospitalet y de más del doble la que se presentó al Consejo Catalán del Deporte. En cambio, sobre los pagos, sí pudo encontrar indicios de pagos no suficientemente justificados.

Pagos en efectivo no declarados

De hecho, Graells, según fuentes jurídicas, ha explicado que encontró "cientos" de pagos en efectivo y no declarados a Hacienda. Eran pequeños pagos a árbitros o colaboradores que ayudaban a organizar eventos deportivos escolares y populares. Algunos de estos colaboradores lo hacían desinteresadamente, pero otros cobraban pequeñas cantidades, como 30 o 40 euros, para ayudar a cortar calles, mover vallas o estar presente en una competición.

También habría pagos por dietas poco razonables, como bares de copas o desayunos, multas, la grúa municipal, libros de autoayuda supuestamente para hacer regalos o colaboraciones para hacer un libro.

Estos gastos se pagaban en efectivo, con simples recibos a menudo sólo con la fecha y el nombre del cobrador pero sin el motivo especificado. Formaban parte de una contabilidad interna, y el dinero salía o de las cuotas que pagaban las familias para actividades extraescolares y casales, o de retiradas en efectivo de las cuentas de la entidad, que recibía importantes subvenciones municipales y de la Generalitat, y también de la Diputación, de la que Marín es presidenta desde julio de 2019.

Otros gastos investigados son, por ejemplo, la indemnización de 42.000 euros a Cristobal Plaza, que decidió dejar de ser colaborador del Consell, pero poco después de terminar el paro fue contratado como asesor del consistorio, y luego fue concejal de Deportes y presidente del mismo Consell.

Graells explicó el caso a Marín, que encargó una auditoría

Graells explicó el caso a Marín el 3 de febrero, pero hasta el 11 de febrero la alcaldesa no habría hecho nada, según este concejal, ahora sin funciones de gobierno. 

El 16 de febrero Marín habría hablado con Cristobal Plaza, entonces concejal de Deportes y expresidente del Consell, para encargar una auditoría. El 25 de febrero se decidió la empresa que haría la auditoría y el 10 de marzo se llevó la documentación al auditor. 

Según Graells, este tiempo fue excesivo y mientras Marín, Plaza y el teniente de alcaldía Cristian Alcázar habrían maquinado para apartarlo e intentar tapar estas presuntas irregularidades. En este intento también habría participado el secretario general del Deporte, Gerard Figueras, también investigado.

Todo esto se habría intentado ocultar a las asambleas generales del Consell, donde se presentaron unas cuentas de unos 400.000 euros anuales, mientras que en la Generalitat se le presentaban las cuentas, más reales, según algunas fuentes, de más de 800.000 euros .

Graells asegura estar decepcionado con su partido

Graells ha explicado a la prensa, antes de entrar en el juzgado, que quiere colaborar al máximo y de forma honesta con la justicia para "aclarar los hechos". También ha dicho que está decepcionado con su partido porque en vez de apoyarlo ante su denuncia y sospechas, le ha apartado y "perseguido", y la formación ha apoyado a los denunciados.

"¿Qué tiene que hacer un partido cuando estalla un tema de corrupción? ¿Callar y esperar a que lo salve la justicia con sus abogados brillantes y bien pagados, o ponerse en primera fila, junto al compañero que lo denuncia, para depurar las responsabilidades políticas?", se ha preguntado

Según él, no quiere un juicio paralelo, pero cree que, aunque no haya responsabilidades penales, sí debería haber políticas, porque algunos de los cargos denunciados podrían haber defraudado a Hacienda y haber hecho pagos fraudulentos. Por ello, cree que algunos de los cargos políticos deberían haber dimitido. "La alcaldesa no está realizando su función como líder de la ciudad para depurar responsabilidades políticas", ha concretado.

Marín declaró durante tres horas como investigada policialmente

El juez investiga Marín y 14 personas más, entre las que hay altos cargos municipales y el secretario general del Deporte, Gerard Figueras, por malversación de fondos públicos, omisión del deber de perseguir delitos, prevaricación, apropiación indebida, administración desleal y falsedad documental. También ha autorizado a la policía a examinar el contenido del móvil de la alcaldesa.

Núria Marín descarta dimitir y pedirá a la justicia que la cite a declarar sobre el caso del Consell Esportiu de L'Hospitalet

La también presidenta de la Diputación de Barcelona pidió a mediados de diciembre poder declarar en el juzgado después de que la semana anterior la Policía Nacional la detuviera por una supuesta desviación de subvenciones públicas. Marín declaró durante tres horas ante la Unidad de Delincuencia Económica (UDEF) como investigada policialmente por prevaricación, malversación de dinero público y omisión del deber de perseguir un delito.

Según el juez, hay indicios de que al menos los últimos cuatro años miembros de la directiva del Consell Esportiu ya la vez miembros del Ayuntamiento, "en connivencia con el director, llamado secretario anteriormente, habrían dispuesto, con ánimo de lucro y de forma indebida y fraudulenta, los fondos de este organismo, falseando o alterando documentación de la entidad para ocultar los hechos y darle la apariencia de legalidad ".

Tres principales investigados

Así, se considera que estarían implicados el expresidente de la entidad y también ex concejal de Deportes, Cristóbal Plaza, Cristian Alcázar, también teniente de alcalde y anterior presidente del Consell, y Eduard Galí, actual director del organismo.

Detienen de nuevo al director del Consell Esportiu de L'Hospitalet

Según el auto del 22 de diciembre, los tres habrían utilizado dinero de la entidad por su propio provecho o el de terceros y con fines aparentemente ajenos al organismo, "actuando con total impunidad al aprovecharse de las facultades de dirección inherentes al cargo que tenían en el organismo y de su condición de miembros de la corporación local". 

Así, habrían "ideado un sistema de contabilidad oculto, excluido de cualquier tipo de control ajeno a los presuntos responsables, y falsificando varios tipos de documentos de la entidad para evitar su descubrimiento por parte del órgano interno encargado del control y la fiscalización económica ".

Actuado con la "connivencia" con otras personas, como Marín

El juez cree que los tres principales investigados habrían actuado con la "connivencia" de otras personas, como Marín, que habría "favorecido o facilitado de forma indiciariamente injusta la concesión de subvenciones con fondos públicos del Ayuntamiento a la entidad dirigida y gestionada por los investigados". 

Estos fondos habrían servido a Alcázar, Plaza y Galí para seguir con su entramado y Marín les habría ayudado a evitar que fueran descubiertos, y mantuvo una "conducta omisiva y pasiva" cuando el ahora exteniente de alcalde Jaume Graells le explicó sus sospechas.

Falsificación de documentos

Los implicados también habrían falsificado documentos internos del Consell Esportiu sobre su situación económica y financiera para no sólo desviar fondos de la entidad sino para conseguir más procedentes del consistorio, del que formaban parte. También hay conversaciones entre los principales investigados donde se evidencie los intentos para ocultar los hechos.

Estas acusaciones del juez se basan principalmente en la declaración judicial inicial de Graells y de una administrativa del Consell encargada de la tesorería y la facturación, una auditoría encargada para buscar irregularidades y la documentación decomisada en los registros policiales. 

Además, el juez dice que después de que Graells denunciara los hechos, los tres principales investigados habrían maquinado para intentar ocultar los hechos, lo que se ha descubierto a través de sus mensajes.