De este modo, las personas y organizaciones más representativas, potencialmente afectadas por esta futura norma, pueden hacer aportaciones en el portal de Gobierno Abierto, según ha informado el Ejecutivo regional en nota de prensa.
Al respecto, se ha indicado que como describe la memoria explicativa, esta nueva regulación pretende establecer unos requisitos básicos, comunes para todos los centros y servicios sociales especializados de atención y protección a las víctimas de violencia de género radicados en Canarias.
De este modo, se busca garantizar que cualquier víctima de violencia de género tenga acceso, en las mismas condiciones y con las mismas prestaciones básicas, a los recursos sociales especializados desde cualquier isla. Asimismo, señala que con este reglamento se "prioriza" aprovechar el trabajo conjunto que se está desarrollando en el seno de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, a la que está adscrito el ICI.
Respecto a los objetivos se citan el de regular la organización y funcionamiento de los servicios, así como centros públicos y privados que integran el sistema canario de prevención e intervención integral contra la violencia de género; definir los principios rectores de actuación, además de los derechos y deberes tanto de las personas usuarias como de las profesionales que trabajan en estos servicios.
Además de definir los diferentes centros y servicios de atención especializada para víctimas de violencia de género, especificar el procedimiento de acreditación de las entidades colaboradoras, la autorización para la apertura y funcionamiento, así como la inspección y la potestad sancionadora.
UNAS 10.445 MUJERES Y 2.334 MENORES ATENDIDAS EN 2019
Por último, se ha informado de que la red pública especializada en violencia de género, gestionada por cada uno de los cabildos insulares en cooperación con el ICI, ha atendido a 10.445 mujeres y 2.334 menores en 2019.
Actualmente, en aplicación del convenio establecido entre el ICI y los cabildos, Canarias tiene una red de siete Dispositivos de Emergencia (DEMA), seis centros de acogida inmediata (CAI), nueve casas de acogida (CA) y cuatro pisos tutelados (PT), además de 41 centros de información (CIAM) y otros recursos complementarios.
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