Un total de 108 ayuntamientos de la provincia de Barcelona han congelado todos los tributos municipales respecto al 2020, de manera que no han incrementado ni reducido la presión fiscal a sus contribuyentes, según datos del Organismo de Gestión Tributaria (ORGT) de la Diputación de Barcelona.

Más de 200 ayuntamientos no han aplicado ningún aumento de las tasas sobre servicios públicos y ocupación del dominio público: en concreto, 193 las han congelado y 14 las han reducido, mientras que 102 ayuntamientos han aplicado algún aumento respecto a las tarifas del año pasado, ha informado la Diputación este miércoles en un comunicado.

Por otro lado, el 90% de los ayuntamientos han congelado o reducido el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI): 257 no lo han incrementado, 13 lo han disminuido y 39 han aplicado algún aumento; y 93 ayuntamientos han establecido más beneficios fiscales que el año pasado y solo ocho municipios han establecido menos.

En el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, la mayor parte de consistorios mantienen la situación del año pasado y solo 10 ayuntamientos han aumentado el coeficiente y cuatro lo han reducido; y 28 ayuntamientos han establecido más beneficios fiscales sobre este tributo que en 2020, mientras que 16 los han reducido.

También la mayor parte de los ayuntamientos han congelado el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras --solo tres municipios lo ha aumentado y uno lo ha reducido-- y los beneficios fiscales en relación con el año pasado son superiores en 11 municipios y ningún ayuntamiento los disminuye.

En lo que se refiere al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, solo dos consistorios lo han aumentado y dos lo han reducido, mientras que nueve ayuntamientos han establecido más beneficios fiscales y un único ayuntamiento los ha reducido.

Por último, solo cinco ayuntamientos han aumentado el coeficiente de situación para el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), el resto lo ha mantenido y 13 ayuntamientos han establecido más beneficios fiscales y cinco los han reducido.

Para garantizar la liquidez de los ayuntamientos, el ORGT prevé durante este año anticipar 600 millones a los ayuntamientos durante 2021, para permitirles seguir haciendo frente a los gastos que la situación está generando y prestar de manera eficiente los servicios que necesita la ciudadanía.