José Antonio Huertas ha explicado en una nota de prensa del Ayuntamiento que "esta nueva exigencia, -que es ya la cuarta modificación en nueve meses de aquel decreto inicial de IMV-; viene sólo a entorpecer y a hacer más difícil aún la tramitación de una ayuda necesaria para paliar los efectos de la crisis en los más vulnerables".

"No les están pidiendo una declaración responsable, sino un certificado que no pueden dar porque no es su competencia hacerlo -sólo certifican los secretarios generales de los ayuntamientos-; y además, caso de poder hacerlo, estarían avalando realidades que es imposible que puedan garantizar sin los datos pertinentes", ha afirmado. Es el caso del domicilio real del solicitante cuando este no vive en el inmueble que figura en el padrón; o la garantía de inexistencia de vínculos o lazos de parentesco entre solicitantes convivientes.

El edil ha asegurado que "dada la avalancha de peticiones que aún se siguen recibiendo en los ayuntamientos; dado este requisito imposible y dada la urgencia de tramitar los expedientes para que los solicitantes puedan subirlos a la plataforma de la Seguridad Social y que esta proceda a hacer las valoraciones; hago un llamamiento a los Ministerios de Derechos Sociales y de Seguridad Social para que rectifiquen a la mayor brevedad".

Para lograrlo, el concejal del área ha asegurado estar en contacto con el Colegio de Trabajadores Sociales de Granada "y estos a su vez con el consejo general de trabajo social para exigir que se anule esta condición" y ha pedido a Diputaciones y Ayuntamientos que se sumen a la reclamación, pues "nada hay más negligente que crear expectativas y no cumplirlas, mas aún cuando se trata de recursos para la supervivencia y subsistencia de personas con escasos recursos".

"Desde la declaración del estado de alarma, los trabajadores del área han trabajado intensamente con todo compromiso y dedicación ante las peticiones de ayuda; el aumento de necesidades sociales; y la urgencia de tramitar tanto estas prestaciones vitales como los nuevos programas impulsados por el Ayuntamiento para atender la emergencia social; una realidad que en ningún momento se ha visto reforzada con incremento en los recursos humanos, económicos o materiales por parte del Ejecutivo".

Por todo ello, José Antonio Huertas ha tildado de "completo fracaso" la gestión real de esta prestación no contributiva dado que, "en los nueve meses desde que la anunciaron y vendieron a bombo y platillo, sólo han resuelto un 20 por ciento de solicitudes presentadas y, de ellas, sólo las han percibido realmente 80 de cada 1.000 peticionarios, es decir, un ocho por ciento de resoluciones son favorables".

Para finalizar, ha mostrado su deseo de que "mejore la gestión real, se corrija el requisito exigido, se dote de los recursos, se aumente la cifra de resoluciones favorables y se de un giro a esta triste y penosa cifra del ocho por ciento, cuando estamos hablando de unos recursos para cubrir necesidades básicas de las familias y personas más vulnerables".